Durante la depresión económica y el periodo interguerras, los nazis se esforzaron en presentar a los judíos ante la sociedad como a «infraseres», lanzando octavillas y campañas mediáticas de propaganda en las que se les representaba como seres grotescos, y se les culpababa de todos los males de la sociedad. Se aprovecharon del sufrimiento del pueblo alemán, y buscaron a quien culpabilizar.
Los nazis manipularon al pueblo alemán para conseguir sus fines: matarlos a todos, con el silencio cómplice de la sociedad civil y militar, de las fuerzas económicas, de la prensa y de los poderes fácticos.
Satanizaron a todo un pueblo, y consiguieron sus propósitos: se hicieron con el poder, totalitario y demencial. Después de los judíos fueron a por los homosexuales, los disidentes políticos, los empresarios «díscolos», y al final a por la gente corriente que pasaba por allí. Los vecinos de un bloque de viviendas se denunciaban unos a otros. Se puso la figura del «jefe de casa», que era un comisario político que vigilaba las disidencias.
Cuando la gente se percató de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde.
Hoy España atraviesa una profunda crisis económica. Y el «gobierno» (deliberadamente en minúsculas) ha seguido la misma estrategia: desviar la atención de la opinión pública de los verdaderos problemas y ganar votos satanizando a un colectivo, el de los controladores aéreos. José Blanco es el nuevo Joseph Goebbels.
Uno de los argumentos que Goebbels empleaba para crear antipatía contra los judíos era que tenían mucho dinero, que «controlaban» el capital y la banca, y que eran unos «privilegiados». ¿Os resulta familiar esta retaíla de «argumentos»? Si es así es porque José Blanco, alias Pepiño, los ha empleado contra los controladores aéreos. Y todos vosotros le habeis seguido el juego.
Despertad.
Un sinfín de vuelos retrasados, cancelaciones, un trastorno por cada uno de los ciudadanos que debía tomar el avión, reproches, acusaciones y, finalmente, un decreto histórico. Grandes males, grandes consecuencias. Ante este complejo panorama, la imagen de los controladores aéreos, en general, y de los que ejercen su labor en Canarias, en particular, no podía por más que resultar gravemente dañada.
Conscientes de que su futuro a corto plazo depende sobremanera de lograr cambiar la percepción de la sociedad, en cuyo recuerdo aún planea el caos aeroportuario que la región sufrió durante las pasadas fiestas navideñas, el colectivo se ha embarcado, vía agencia de comunicación, en la que parece difícil tarea de convencer a los ciudadanos de que constituyen sólo un grupo de trabajadores más. En esta línea, los controladores consideran que no reaccionaron «en tiempo y forma» ante la vorágine de informaciones que dieron con su credibilidad en los suelos y que achacan a una campaña orquestada desde Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Rotas casi todas las opciones de apoyo, la vía de urgencia estos días pasa por cubrir un itinerario de encuentros y reuniones con distintos representantes políticos a fin de hacerles llegar su percepción de la problemática. Ayer, fue el turno de la portavoz de Coalición Canaria en la Cámara Baja, Ana Oramas; ya antes, el pasado día 3, la presidenta del Cabildo de La Palma, la también nacionalista Guadalupe González Taño, había escuchado la versión y reclamaciones de aquellos a quienes no pocos han calificado de «privilegiados».
Y es que, aunque a muchos canarios pueda chocarles, los técnicos creen que lo ocurrido atiende a un «plan premeditado» de AENA en pos de su desacreditación. Los trabajadores niegan que hayan estado en huelga de celo alguna y siguen defendiendo que lo acontecido en los aeródromos del Archipiélago, según la versión relatada a este diario por fuentes de toda solvencia, es responsabilidad de la mala planificación laboral del organismo público; una mala planificación estratégica que habría de derivar, indefectiblemente, en la promulgación del decreto por el que el departamento que rige José Blanco pasa a ejercer la organización de su labor.
Esta es la explicación que los controladores encuentran al hecho de que Fomento, según las citadas fuentes, haya optado por la opción del decreto cuando aún restaban dos meses antes de la finalización del plazo acordado para las negociaciones, que expiraba el 30 de marzo.
Sea como fuere, y hoy por hoy, los controladores aparecen en una incómoda posición no sólo frente a la sociedad, sino también ante la mayoría de los representantes institucionales, más allá del color político al que representen. En este sentido, basta considerar que, siquiera por una vez, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno de Canarias han adoptado una posición común de defensa -y también de ataque, en los casos del ministro y del titular de la Administración autonómica, Paulino Rivero- ante lo que perciben como un pulso intolerable del colectivo.
De hecho, y sólo un día antes de que Fomento hiciese pública su decisión de recurrir a la vía del «decretazo», el titular del Gobierno canario advertía de que la economía de las Islas no podía permitirse una Semana Santa con los aeropuertos en medio de una situación como la sufrida en Navidad. Rivero, incluso, explicó que había mostrado a los controladores su disposición a servir de intermediario entre sus intereses y los del Ejecutivo estatal, pero que la actitud de los representantes del colectivo hacía imposible tal opción.
Ante este panorama, conseguir superar tal brecha social y política se antoja tarea harto complicada. Por el momento, la Semana Santa queda a la vuelta de la esquina.
