Comunicado de USCA tras el «congresazo»

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) quiere mostrar su total rechazo al respaldo mayoritario que han dado hoy en el Congreso los distintos partidos políticos al Real Decreto-ley que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo. Con su apoyo, las fuerzas políticas avalan al Gobierno en la vulneración del derecho constitucional de los trabajadores a la negociación colectiva.

– USCA denuncia la incongruencia de los grupos parlamentarios, que han dado su respaldo a una medida anticonstitucional, a pesar de reconocer públicamente que se trata de una estrategia para desviar la atención sobre los problemas reales del país.

– Los controladores aéreos se sorprenden de la connivencia de los parlamentarios y sindicatos mayoritarios con las medidas totalmente antidemocráticas del Gobierno, que ya han generado una fuerte alarma en Europa.

A pesar de que todos los partidos han expuesto unas críticas muy duras y certeras a la gestión del Ministerio de Fomento y de AENA, sólo Izquierda Unida (IU) ha sido coherente con las mismas y ha rechazado la aprobación del Real Decreto-ley.

«Se trata de la connivencia con una situación escandalosa, un montaje premeditado que no ha dejado ninguna oportunidad a la negociación y que sienta un precedente que puede poner en peligro, a partir de ahora, los derechos laborales de cualquier colectivo. Nos preguntamos dónde está el límite si no se respeta el convenio de los trabajadores, el marco legal de negociación y, ahora, tampoco, la Constitución», señala Juan María García Gil, presidente de USCA.

USCA quiere dejar patente, una vez más, que los problemas económicos de AENA son fruto de su mala gestión y del endeudamiento desmesurado de la compañía por motivos políticos. «Nos cuesta entender cómo los grupos políticos están respaldando al gobierno cuando todos saben, y el tiempo lo demostrará, que AENA no resolverá su endeudamiento a costa de los controladores aéreos» afirma García Gil.

Distintos organismos e instituciones europeas están alarmados por las medidas del gobierno español, que mientras ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea y supuestamente vela por los derechos de todos sus ciudadanos, en su propio país impone medidas que contravienen el marco constitucional interno y vulneran un derecho fundamental que protege a todos los trabajadores europeos.