CGT condena el decretazo "militarizador" de los controladores

El pasado 5 de febrero el gobierno publicó el Real Decreto-ley 1/2010 por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

La Sección Sindical Estatal de CGT/Aena  quiere expresar con toda claridad su rechazo ante lo que considera una militarización de facto de los servicios de tránsito aéreo y una vulneración intolerable de los derechos de los trabajadores. Esta medida, que recuerda tiempos pasados, y según nuestro entender, claramente inconstitucional, supone un punto de inflexión y de ruptura en las reglas del derecho laboral, hasta ahora entendidas como fruto de la negociación colectiva y del contenido del contrato. Se abre por tanto, y por primera vez en tiempos constitucionales, el precedente de regular derechos y deberes laborales a través de un Decreto, obviando las condiciones existentes.

La Constitución Española contempla, sólo bajo un estado de excepción o de sitio, la posibilidad de suspensión de los derechos y libertades (art.55). Y en todo caso exige una ley orgánica para regular derechos y deberes fundamentales de la Constitución. La vulneración flagrante del artículo 37.1, donde se establece que la Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral, refleja claramente el talante negociador del sr. Blanco.

Entendemos igualmente que la estrategia seguida por el Ministerio de criminalización ante la opinión pública de un colectivo profesional, como son los controladores, obedece a la intención de solapar con ello el pretendido expolio de los aeropuertos públicos de Aena, patrimonializando hacia el sector privado lo que es del ciudadano, convirtiendo un servicio público en negocio privado, y hurtando la gestión de lo que representa un sector estratégico de la economía de este país.

CGT/Aena también quiere denunciar el sinsentido y la dejación de funciones del Ministerio de Fomento al abrir la posibilidad  de otorgar  en exclusiva a cualquier proveedor civil privado la concesión de los servicios de tránsito aéreo (TWR): «la organización, planificación, dirección, gestión, supervisión y control de la prestación de dichos servicios»,  privatizando incluso las decisiones normativas y de seguridad que debieran ejercer estos «proveedores privados». El Ministerio de Fomento, siguiendo con su plan de desprestigio de Aena, prepara la privatización del suelo y del vuelo, planteando unos supuestos caminos de modernidad que no reflejan la realidad de nuestro entorno.

Respecto a los proveedores civiles de tránsito aéreo en las torres de control  conviene hacer ciertas aclaraciones. En nuestro entorno europeo, solamente el Reino Unido parece seguir el modelo que el sr. Blanco quiere vendernos, pues cuenta con un proveedor principal NATS  que da servicio a los principales aeropuertos y al menos 30 proveedores certificados ATS que atienden torres de muy poco tráfico. La DFS alemana se encarga de los principales 16 aeropuertos y se estima que un futuro los aeródromos de menor tráfico pasen a depender progresivamente de otro proveedor. El resto, DSNA, NAVPT, ENAV, NAVIAIR, AVINOR, LFV, AUSTROCONTROL se mantienen como únicos proveedores.

Finalmente, este RD-ley  nos muestra la escasa preocupación del Ministerio por la seguridad operacional; asimismo, cuál pretende que sea el camino privatizador en el sector aeroportuario, sin garantías, de manera oscura y sin exponer a la opinión pública la realidad del sector. El resto de trabajadores de Aena debemos aprender de este caso para valorar cuál puede ser nuestro futuro inmediato.

Salud y libertad.

Sección sindical estatal de CGT/Aena.