Manual para el linchamiento de un controlador aéreo

por John White.

NOTA: Este manual requiere de los servicios de gestores incompetentes, consultoras sin escrúpulos y políticos antidemocráticos, así como del auxilio de los medios de comunicación. Abstenerse de su uso en países avanzados.

1991.

Se crea Aena y su presidencia recae en Manuel Abejón.

1999.

Primer Convenio Colectivo Profesional de los Controladores Aéreos. Fija las condiciones de trabajo, retribuciones y descansos, estableciendo una jornada de 1.200 horas anuales básicas.

2001.

AENA, que acaba de cerrar el año 2.000 con unos beneficios netos de 18.003 millones de pesetas, prevé obtener una cifra similar en 2001, pese a que la estimación de tráfico de pasajeros y aeronaves se incrementa algo más del 5%.

En enero Aena ha subido la tasa de aproximación de aeronaves y la de pasajero, por imperativo comunitario, y se solicitó al Gobierno sin éxito el incremento de la de sobrevuelo. Para el año 2002, Pedro Argüelles, su presidente, resaltó que hará una “labor de lobby” constante para que los Presupuestos del Estado recojan ya ese incremento de precios.

Pedro Argüelles reclama públicamente una fuerte subida de tasas para financiar la construcción de nuevos aeropuertos e infraestructuras.

Los mayores costes financieros derivados del recurso a endeudamiento necesario para abordar la inversión prevista provocan el  estancamiento del beneficio empresarial de Aena. Un tercio de sus ingresos proviene de las explotaciones comerciales de los aeropuertos, en participación con ALDEASA.

Crecimiento acelerado del transporte aéreo mundial. Bonanza económica.

Aena empieza a construir aeropuertos como setas, aunque no haya demanda de viajeros.

2004.

El PSOE gana las elecciones y José Luís Rodríguez Zapatero llega al poder.

Se esboza un borrador de decretazo contra los controladores, pero no sale adelante por falta de apoyos políticos.

Inversiones faraónicas en aeropuertos  a los que no vuela nadie. Endeudamiento progresivo de Aena.

Se contraen deudas con instituciones financieras españolas y europeas.

2006.

Fomento contrata a la consultora McKinsey para perfilar un plan de privatización y saneamiento de cuentas. McKinsey fué responsable de la quiebra de la empresa británica de ferrocarriles Railtrack.

Ultima convocatoria de Controladores Aéreos. La web de Aena, sin embargo, sigue anunciando la «inminente publicación de nuevas convocatorias».

2007.

Crisis financiera internacional de las «hipotecas basura», que se suma a una crisis económica nacional. Empiezan a quebrar constructoras.

Las entidades financieras españolas empiezan a vender su deuda con Aena a bancos extranjeros para hacer caja.

Aena remite a Eurocontrol datos maquillados sobre la productividad de los controladores.

2008.

Eurocontrol hace público el informe ACE 2008, con los datos suministrados por Aena, sin una auditoría independiente, comparando la productividad de los controladores españoles con sus homólogos europeos.

Empiezan a operar en España aerolíneas de bajo coste como Ryanair a las que se les «incentiva» con una reducción de tasas de hasta el 100%.

Crisis del transporte aéreo. Cae el número de pasajeros como resultado de la crisis y del aumento de los precios del carburante.

Contablemente, Aena imputa la tasa de aterrizaje como ingresos aeroportuarios, para hacerlos parecer más rentables, y retrae esta partida de los ingresos de navegación aérea, empeorando así notablemente sus balances.

Los grupos parlamentarios exigen a Fomento y Aena transparencia en sus cuentas, y que se publiquen datos de rentabilidad de aeropuertos. Aena se niega, aludiendo razones técnicas.

2009.

Magdalena Álvarez es cesada como Ministra de Fomento, y se nombra a José Blanco.

Juan Ignacio Lema es nombrado Presidente de Aena, en sustitución de Encarnación Vivancos.

Fernando Palao es nombrado presidente de Ineco/Tifsa, una filial en la que AENA posee el 61% del capital, y que declara beneficios por varios millones de Euros, mientras que AENA posee una deuda superior ya a los 12.000 millones de Euros. Su anterior cargo fue el de Secretario de Estado de Transportes durante el ministerio de Magdalena Álvarez. Ineco/Tifsa y Adventia (anteriormente participada por AENA a través de SENASA) empiezan a impartir cursos de formación de oficiales AFIS al margen de la reglamentación.

Aena y las asociaciones de compañías aéreas firman un acuerdo para la reducción de tasas. Lema afirma que las altas tasas que afrontan las aerolíneas en España se deben “fundamentalmente a los altos salarios de los controladores”, enarbolando el informe ACE 2008.

Las entidades de crédito con las que Aena tiene suscrita su deuda, de unos 12.000 millones de Euros, venden a su vez esta deuda a otras entidades financieras para hacer caja. Algunas entidades se impacientan, y empiezan a exigir el canje de la deuda por activos públicos.

Fomento ha «licitado» desde el año 2004 más de 56.000 millones de Euros en obras, favoreciendo selectivamente a determinadas constructoras.

Aena «denuncia» unilateralmente el acuerdo de prolongación de jornada de los controladores. Se producen diversas rondas de negociación con USCA. Las propuestas de Aena incluyen el despido libre.

Aena comienza a infraprogramar controladores de servicio para crear la sensación de huelga encubierta.

Carmen Librero, directora de Navegación Aérea, y Juan Ignacio Lema hacen públicos los supuestos sueldos de los controladores, y los comparan con el informe ACE 2008.

Linchamiento mediático de los controladores: se les acusa de improductividad, de ser responsables del endeudamiento de Aena y de la subida de tasas. El presidente de Ryananir, Michael O’Leary, califica a los controladores de «criminales».

Aena publica en Octubre los cuadrantes de trabajo de los controladores para Enero con múltiples «errores». USCA advierte que con esa programación no se podrá hacer frente al tráfico, pero Aena no los modifica. Entre los «errores» de Aena se incluyen bajas médicas y permisos legales del convenio. Aena no nombra horas extra para cubrir las bajas, algunas de las cuales se deben a tratamientos de quimioterapia.

Aena comienza a reducir unilateralmente la dotación de personal de sus torres y centros de control, vulnerando el Convenio Colectivo y el Estatuto Profesional de los controladores. Algunos medios de comunicación denuncian estos hechos, con escasa acogida mediática.

Fallo eléctrico generalizado en el Centro de Control de Canarias en plenas navidades. Los aviones vuelan sin contacto radio/radar durante varios minutos. Técnicos de mantenimiento denuncian la precariedad de sus condiciones de trabajo.

Se acusa ya públicamente a los controladores de huelga, aunque esta no haya sido convocada en ningún momento. Políticos canarios piden incluso la sustitución de los controladores por personal militar.

2010.

Blanco anuncia la futura privatización de algunos aeropuertos, con entrada en la gestión de las Cámaras de Comercio (cuyo presidente, Gómez Navarro, es también presidente de ALDEASA, que gestiona las tiendas de los aeropuertos). El Gobierno Catalán reclama la mayoría del consejo de administración de El Prat. El Gobierno anuncia que en una docena de aeropuertos se sustituirá a los controladores por personal AFIS. Algunos medios de comunicación neófitos en materia aeronáutica publican que los AFIS son «una maquinita».

Blanco afirma en Punto Radio que la media de horas de trabajo anuales de los controladores europeos es de 1.700, mintiendo públicamente.

Continua el linchamiento público de los controladores en los medios de comunicación. Como consecuencia de haber infraprogramado controladores para Enero tres meses atrás, las dependencias de control no tienen suficiente personal. Irresponsablemente, el diario El Mundo acusa a cinco controladores de Barajas de ausentarse del trabajo por «resaca» el día 1 de Enero y forzar el cierre de dos pistas. Este diario se niega a publicar una rectificación y es llevado ante los tribunales por los controladores.

El Ministro de Fomento miente públicamente al decir que el controlador que menos cobra percibe 350.000 euros.

Aena rompe unilateralmente las negociaciones con los controladores, y hace un llamamiento a Fomento para que intervenga.

USCA hace público un plan de emergencias, cuya autoría reconoce Aena, en el que se propone a controladores militares y diverso personal «low cost» para suplir a los controladores civiles caso de huelga. Se menciona la militarización forzosa de los controladores, llegado el caso.

Decretazo RDL 1/2010 de 5 de Febrero contra los controladores aéreos, que incluye la privatización de aeropuertos y servicios de control: 1.750 horas anuales obligatorias, reducción de los descansos, vulneración de la Constitución Española y del Estatuto de los Trabajadores. Ningun controlador del mundo trabaja 1750 horas anuales obligatorias. Solo Izquierda Unida vota en contra en el Congreso. Se abre un plazo de alegaciones al decretazo, ya que será tramitado como ley. Se menciona en el decretazo que posteriormente se publicará otro sobre descansos y jornada de los controladores, con la intervención de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Se prohibe la prejubilación de los controladores durante un plazo de tres años.

Aclamación pública de Blanco. Se le postula como posible nuevo vicepresidente.

Aena modifica todos los cuadrantes de trabajo y los horarios de entrada y salida de los controladores, nombrando servicios exprés bajo pena de despido. Aena reduce el descanso de los controladores al 25% de día y al 33% de noche, vulnerando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y Eurocontrol.

Rosario de denuncias contra el decretazo: pilotos y controladores internacionales, sindicatos profesionales españoles y expertos en seguridad aérea, con poca repercusión en los medios de comunicación, que siguen alabando a Blanco. Manifestación de personal no-controlador de Aena en la T2 de Barajas en contra de la privatización.

Aena contrata al gabinete de abogados Cusan para las futuras negociaciones con USCA.

Empresas de controladores «low cost» británicas como SERCO y Safeskies se interesan por la privatización española.

SENASA empieza a solicitar personal europeo con conocimientos aeronáuticos para impartir cursos de control exprés de bajo coste, y a la vez saca de la escuela de control a los controladores instructores españoles.

USCA denuncia ante la Audiencia Nacional el decretazo por inconstitucional y por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El Ministro Caamaño cierra filas con el Gobierno y defiende, junto con Aena, su constitucionalidad.