Buscando culpables por la mala gestión de AENA
Koldo Blanco, Subsecretario de Acción Política de C’s.
La responsabilidad de la mala gestión de Aena es política. En años la empresa pública no ha dedicado recursos para formar los controladores necesarios, mientras ha realizado inversiones innecesarias.
En una reciente entrevista, el Ministro de Fomento, José Blanco, respondió a una pregunta en relación a una posible huelga de los controladores aéreos, para afirmar que la ley no lo permite. Lo que no aclaró es que los controladores no han organizado ninguna huelga durante años. Podía haber aprovechado también para disculparse por el acoso mediático y el linchamiento moral a que ha sido sometido este colectivo. Pero es que el propio ministro ha sido uno de los principales impulsores de esta campaña de desprestigio, no dudando en propagar falsedades y manipular la opinión pública con el fin de presionar en una negociación colectiva. Esta manera de actuar es censurable, porque ha dañado la imagen de unos profesionales que tienen una importante responsabilidad en un sector estratégico de la economía nacional.
Los controladores españoles trabajan más horas y cobran menos que sus homólogos europeos. Son entre un 60 a un 70 por ciento más baratos que los controladores ingleses, franceses y alemanes, en cuanto a sueldo por hora trabajada. Su jornada laboral básica, fijada en 1.200 horas de acuerdo con los estándares europeos de seguridad, está incrementada en un 50% con horas extras. Así, mientras la media de horas trabajadas en otros países es de 1.350, los controladores españoles trabajan 1.800 horas. Este exceso es debido a una pésima planificación de Aena, la empresa pública dependiente de Ministerio de Fomento, que es la responsable de formar nuevos controladores.
Durante años, Aena se ha mostrado incapaz de adaptar la plantilla a las necesidades del tráfico aéreo. Ya en 1998, los controladores españoles eran menos de la mitad que sus colegas franceses, y tenían que realizar 470.000 horas extraordinarias al año. Entre 1998 y 2003 la plantilla se incrementó en un 50%, frente al 100% de crecimiento del tráfico aéreo durante ese mismo periodo. A partir de ese año solo se realizaron dos nuevas convocatorias, las de 2004 y 2006, cubriéndose tan solo 301 plazas en siete años. El número de controladores actualmente activos en España, unos 2.000, es claramente insuficiente y esta es la causa del gran número de horas extraordinarias que se ven obligados a trabajar. Los problemas de congestión del tráfico y retrasos que se producen periódicamente en determinadas épocas son debidos a la escasez de controladores, a los que no cabe reprochar falta de dedicación, ya que ésta es muy superior a la de los de cualquier otro país de nuestro entorno.
El problema que tiene Aena, y que trata de enmascarar mediante un conflicto laboral alimentado artificialmente, es el de su abultado déficit. Hasta hace unos pocos años, Aena era una empresa que daba beneficios. Esto ya no es así por el enorme gasto dedicado a infraestructuras de imposible justificación económica. Actualmente hay nueve aeropuertos con un coste de más de cien euros por pasajero, que dan servicio entre todos ellos a menos de 200.000 usuarios, un 0,1 por ciento del total. Estas infraestructuras son deficitarias y mantenidas por intereses políticos. Pero incluso los aeropuertos de mayor tráfico como Madrid y Barcelona han acabado arrojando pérdidas millonarias, debido al descontrol del gasto en las nuevas terminales. Así, las tasas aéreas están sirviendo para mantener estas infraestructuras, mientras que la parte correspondiente a los sueldos de los controladores es una minucia comparada con el déficit de Aena que ya supera los 10.000 millones, siendo tan solo el coste anual de los intereses de más 300 millones de euros.
Las responsabilidades de la mala gestión de Aena son políticas. Durante años, la empresa pública no ha dedicado recursos para formar los controladores que se necesitaban; en cambio ha realizado una serie de inversiones en obras innecesarias que ahora no puede pagar. No es de recibo que ahora los responsables políticos señalen a un colectivo de profesionales, culpabilizándolos injustamente ante la opinión pública de una situación que ellos mismos han provocado por su negligencia.