La cuerda se ha roto
REFLEXIONES TRAS LA ASAMBLEA DEL COLECTIVO DE CONTROLADORES AÉREOS DE MADRID.
Ante la amenaza que para nuestro colectivo profesional supone la inminente publicación de la ley emanada del RDL 1/2010 de 5 de febrero, los controladores aéreos de la Comunidad de Madrid han mantenido hoy una asamblea interdependencias, con asistencia masiva de más de 400 controladores (la práctica totalidad de los controladores de la Comunidad de Madrid, y numerosos de otras comunidades autónomas). La convocatoria ha sido secundada por afiliados de los sindicatos USCA y SPICA, así como sus respectivas asociaciones profesionales, APROCTA y APCAE.
En la asamblea de hoy ha quedado constituido y presentado un grupo de gestión de crisis y estrategias de carácter permanente que cuenta con asesoramiento profesional de índole laboral, jurídica y organizativa. Este grupo se constituye al servicio de los controladores aéreos españoles, sus asociaciones profesionales y sus estructuras sindicales debidamente reconocidas.
En la asamblea se han expuesto futuras lineas de actuación de nuestro colectivo contra lo que consideramos una grave vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores recogidos en la Constitución Española (artículo 37) y la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea (artículo 28).
El acoso institucional al que nos vemos sometidos y la imposición unilateral de unas condiciones de trabajo a todas luces lesivas para nuestros intereses y libertades nos sugieren considerar medidas extraordinarias, cuya eventual repercusión para la economía nacional y el transporte aéreo deberán ser valoradas por quien corresponda a su debido tiempo. No es de recibo que se persiga a un grupo de trabajadores hasta su extinción deliberada y no esperar una reacción proporcional de estos. El ser humano tiene un límite en su capacidad de aguante, y entendemos que este límite se está alcanzando a marchas forzadas.
Diáspora, acoso y daños colaterales.
Hasta el momento, existen más de 60 peticiones de rescisión de contrato, a incrementarse a partir de la publicación de la ley. Alrededor de 70 controladores mayores de 55 años han pedido el paso a no-operativos. Unos 130 controladores operativos mayores de 57 años estarán fuera de frecuencia desde mañana por imperativos de la nueva ley, inexplicablemente, lo que entendemos que lesiona gravemente la continuidad del servicio de control en un país profundamente deficitario en su número de controladores operativos.
Declarando como declaraban Aena y Fomento que con el nuevo marco legal estaría cubierto el servicio, esta tarde Aena ha empezado a pedir voluntarios -no sabemos de que tipo- para acudir al servicio en los próximos días, ofrecimiento inaudito a todas luces cuando Aena se ha inventado un servicio de imaginaria, un servicio exprés, y ha aumentado la jornada laboral a 1.670 horas anuales, muy por encima de la media de 1452 horas de trabajo anual del resto de controladores europeos. Esta colección de desatinos solo demuestra la incapacidad manifiesta de Aena para programar turnos y garantizar el servicio, a pesar de ejercer una presión desmedida y abrumadora sobre su plantilla de controladores desde la promulgación del Real Decreto.
Entendemos que en la nueva situación de flagrante acoso y derribo de los controladores aéreos españoles, la seguridad del transporte aéreo puede verse comprometida, ya que se dan las circunstancias que podrían propiciar incidentes de tránsito aéreo y situaciones personales de los controladores de extrema gravedad.
Los controladores españoles hemos respondido ejemplarmente a la demanda de nuestros servicios durante la Semana Santa. Los ciudadanos españoles deben entender que nuestro compromiso con el servicio público que prestamos es absoluto, pero que sin embargo somos humanos, y por tanto no estamos dispuestos a soportar indefinidamente la cadena de vejaciones laborales y constitucionales a las que estamos sometidos. Un trabajador tiene unos derechos, mal que le pese a algunos. Y esos derechos están siendo vulnerados.
Los ciudadanos españoles, las compañías aéreas y el sector empresarial deberán tener esto en consideración ante cualquier medida que estimemos necesaria para defender nuestro puesto de trabajo, y exigir a sus representantes políticos y a la entidad empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, las correspondientes responsabilidades, sean económicas o de otra índole, derivadas de poner al límite de su aguante físico y moral a un grupo de trabajadores, que no de funcionarios, cuya labor es esencial para el funcionamiento del país y el mantenimiento de la seguridad aérea.
