1.040 años de cárcel para cada uno de los tres etarras que atentaron contra la T-4
EL PAÍS – Madrid – 21/05/2010.
La furgoneta bomba de Barajas acabó con el proceso de paz y causó la muerte de dos ecuatorianos en diciembre de 2006.- La Audiencia Nacional fija también una indemnización de 1,2 millones para las familias.
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha condenado esta mañana a cada uno de los presuntos etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián a 1.040 años de cárcel por el atentado del 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 (T-4) del aeropuerto de Barajas, en el que murieron dos ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, y que reventó el alto el fuego de ETA.
El tribunal considera culpables a los tres acusados de dos delitos de asesinato terrorista (por los que le impone una pena de 30 años de cárcel por cada uno), 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa (penados con 20 años de cárcel cada uno) y un delito de estragos, que incrementa en 20 años más las penas solicitadas, tal y como había solicitado en el juicio el fiscal Daniel Campos.
Además, les obliga a indemnizar con 700.000 euros a la familia de uno de los fallecidos, y con 500.000 a la del otro. La diferencia en la cuantía se debe, según fuentes de la Audiencia, a que la familia de Estacio contaba con abogado particular, que reclamó casi 900.000 euros; mientras que los familiares de Palate fueron defendidos por el fiscal, que reclamó 500.000 euros. Según las mismas fuentes, la sala no puede conceder una indemnización más alta que la que se solicita.
La sala, presidida por Alfonso Guevara, ha impuesto en total indemnizaciones por daños personales y materiales que superan los 2,5 millones de euros. Además, les obliga a indemnizar al Estado con 1.169.002,48 euros y al Consorcio de Compensación de Seguros con 41.675.745,95.
La sentencia considera probado que un día antes del atentado, Sarasola (que al igual que los otros dos condenados formaba parte del comando Elurra) acudió al aeropuerto al volante de la furgoneta cargada de explosivos disfrazado con una gorra, una mascarilla y una muleta, y aparcó en el módulo D. Después tomó un taxi y se reunió con Portu, y posteriormente con San Sebastián. Juntos viajaron hasta Lesaka (Navarra). Al día siguiente, Purtu, siempre según el relato que recoge la sentencia, llamó a la DYA para avisar de la colocación de la furgoneta en el aparcamiento. También avisó a los Bomberos de Madrid, a Deiak de San Sebastián y a Gara.
La sala aprecia «alevosía» y aplica a los tres la agravante del disfraz porque «está incluida en el proyecto criminal y se benefician porque todos buscan garantizarse la impunidad». También considera que «el aviso transmitido antes de que se produzca la explosión no puede ser interpretado como un deseo de evitar daños a las personas, sino sencillamente como una reivindicación que obviamente orma parte de la estrategia de la banda criminal».
En su informe de conclusiones finales, Daniel Campos, representante del Ministerio Público pidió al tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, que dictara una sentencia condenatoria contra los supuestos responsables de colocar la bomba que «segó la vida» de dos personas e «hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que veían que la violencia de ETA podía llegar a su fin». Campos defendió que no hay «ninguna duda» de que Sarasola, Portu y San Sebastián son «los autores de tan execrable crimen», porque hay «una abundante, contundente, independiente y unívica prueba» de su participación».
El fiscal elevó de 900 a 1.120 años la petición de penas para cada uno de los tres acusados al concluir que fueron 52 los heridos en la explosión y no los 41 que un primer momento calculó. Campos pide 20 años de cárcel por cada una de las víctimas basándose en los cargos de homicidio y de homicidio en grado de tentativa.
En la explosión, dos meses antes del fin del alto el fuego permanente que ETA había decretado en marzo de 2006, murieron los ecuatorianos Estacio y Palate. En su escrito provisional de acusación, la fiscalía consideraba que los tres etarras son responsables de dos delitos consumados de asesinato terrorista, uno de estragos terroristas y 41 de intento de asesinato, en relación con el número de personas heridas por la explosión.
El secuestro y la matrícula confundida
Durante la celebración del juicio se pudieron conocer algunos aspectos sorprendentes de la gestación y ejecución del atentado. Por ejemplo, que el jefe de la banda terrorista supervisó personalmente los detalles de la colocación de la furgoneta bomba. Garikoitz Aspiazu, Txeroki, señaló el camino que debían seguir los ejecutores hasta Madrid, les ordenó que hicieran ensayos previos y también que se disfrazaran.
También se produjo la declaración del dueño del vehículo que estalló en el aeropuerto, que fue secuestrado durante tres días en la estación de esquí francesa de Luz Ardiden. Iker Lascurain contó que le encapucharon y le esposaron. «Cada cierto tiempo me decía que esto no era un juego y me tocaban con la pistola. Insistía en que no contara nada y que no hablara con nadie. Decía que el 31 de diciembre estaría en casa», indicó.
El instructor de las primeras diligencias contó que los terroristas dieron mal la matrícula de la furgoneta, aunque a pesar de ello uno de los agentes de la comisaría del aeropuerto localizó la furgoneta 11 minutos antes de que explotara. «La placa tenía los mismos números, pero dos de ellos bailaban», declaró ayer al tribunal.
Otra causa pendiente
Los tres presuntos condenados volverán a sentarse en el banquillo los próximos 25 y 26 de mayo por intentar colocar un coche-bomba en la zona comercial de Azca en Madrid, en 2007. La sección primera de la Audiencia Nacional también juzgará a su compañero del comando Elurra Joseba Iturbide.
El fiscal, que pide penas de entre 30 y 33 años de prisión, les imputa un delito de conspiración por estragos terroristas, pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos, y añade para Portu y Sarasola el de tenencia ilícita de armas. Para perpetrar el atentado en Azca, Portu alquiló en Irún (Guipúzcoa) un coche, modelo Kia Picanto. Los presuntos terroristas eligieron el aparcamiento existente entre el edificio de El Corte Inglés y el BBVA para colocar el citado vehículo con explosivos, pero al final no lo estacionaron por la detención de Portu y Sarasola.
