Ricardo Bodas, sacristán de dos parroquias
Eloy Orgaz
El pasado día 10 de mayo, la Audiencia Nacional fallaba en contra de los controladores aéreos en su demanda contra la ley 9/2010, hija del decretazo 1/2010. Días después volvió a sentenciar en contra de los controladores aéreos, que sufrimos el acoso de los servicios forzosos exprés.
El juez que presidía la sala era D. Ricardo Bodas, que tomó posesión como presidente de lo Social en la Audiencia Nacional el 2 de abril de 2.009
En la sentencia, este tribunal hace afirmaciones absolutamente escandalosas y desproporcionadas que recuerdan más a un auto de fe de la Santa Inquisición que a lo que cabría esperar de un tribunal de justicia sereno e imparcial. Se afirma en la sentencia que los controladores aéreos han sometido al país a un «estado de excepción permanente, que ninguna Administración responsable puede tolerar», y que «ningún derecho fundamental es absoluto». Me pregunto entonces si el derecho a la vida puede considerarse también como «relativo».
El Sr. Bodas ha experimentado una suerte de catarsis interior que en la actualidad le lleva a tener un doble rasero. Inició su andadura en el seno del sindicalismo, pero de eso ya hace mucho tiempo.
Esta apreciación de que los controladores aéreos tenemos derechos fundamentales «relativos» no la habría querido para si mismo D. Ricardo Bodas cuando reclamaba desde el seno de Jueces para la Democracia aumentos salariales para su colectivo en el año 1.997, cuando coreaba a los cuatro vientos las virtudes de la negociación y criticaba las medidas de ajuste presupuestario del Gobierno de entonces diciendo:
«Si a ello añadimos, que el Gobierno propone una política general de contención del gasto público, previendo un aumento del 2,1% para los funcionarios públicos en el año 1998, se hace evidente que una estrategia de aumento salarial general sin contrapartida para los jueces, al margen de los restantes funcionarios públicos, sea por ley o por cualquier otro medio, constituye un auténtico despropósito que irá destinado al fracaso en especial si la propuesta legislativa es que los jueces de entrada ganen como un diputado, los magistrados el 25% más y los magistrados del Tribunal Supremo el 50, con aumentos mecánicos de siete puntos cada cinco años, al margen de la inflación».
Se diría que esta mágica transformación alquímica del juicio y la sensatez del Sr. Bodas que le ha llevado a ser sacristán de dos parroquias tuvo lugar en algún momento posterior, ya que el 14 de diciembre de 2.004 los sindicatos de la función pública CC OO, UGT y CSI-CSIF pedían su cese, siendo entonces director general de relaciones con la administración de justicia, ante su «ausencia total de talante negociador».
Tampoco se entiende que los jueces españoles hayan llevado a cabo en enero de 2.009 una huelga que paralizó la justicia española para defender su status salarial y que critiquen a otros colectivos profesionales que no hacen huelgas y les acusen de tener a España bajo un permanente estado de excepción.
Como culminación de ese alquimismo y aburguesamiento interior, el Sr. Bodas ha dado un golpe de timón a sus principios y se ha colocado al aparente dictado del inquilino de Fomento, D. José Blanco, sentenciando a los controladores aéreos de este país a ser ciudadanos de segunda con derechos «relativos» en un tiempo record.
No lo digo yo. Lo dice el diario El País. La sospecha de parcialidad de los jueces ha sido recientemente denunciada en los medios de comunicación, como en el artículo de Milagros Pérez Oliva titulado «Jueces bajo sospecha», donde se afirmaba que «la adscripción ideológica de los magistrados en la información judicial provoca malestar» y que «la politización de la justicia les coloca bajo la sospecha de parcialidad». En otro artículo del mismo medio titulado «¿Qué justicia es esta?», José Luis Barbería denunciaba que [la justicia española] «nunca hasta ahora, en democracia, su descrédito había alcanzado un punto tan crítico» para concluir que «la justicia española está contagiada de la polarización política ramplona y del alineamiento maniqueo, mientras mengua el espacio vital de imparcialidad e independencia que necesita para respirar libremente».
Hace 25 años se condenó al ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco por afirmar que «la justicia es un cachondeo». El ex presidente del Gobierno Felipe González afirmó en marzo de 2.010 que «la justicia está hecha unos zorros por el ganao que hay dentro», pero aparentemente no se le ha condenado por estas afirmaciones. Yo por tanto, como no soy ex presidente del Gobierno, solo diré que estoy hasta el moño de pagar impuestos para recibir este trato vejatorio y parcial que me incita a exiliarme a alguna selva amazónica sin jueces, pepiños o aviones.
