REPORTAJE: CRISIS EN EL SISTEMA JUDICIAL

El gran salto pendiente

El 60% de los españoles considera que la justicia funciona mal, y más de la mitad de la población duda de la imparcialidad e independencia de los tribunales. El sistema judicial está en entredicho y tendrá que dar un enorme giro si quiere conectar con la sociedad.

JOSÉ LUIS BARBERÍA 27/06/2010. El País.

La carrera está poco ventilada. Huele a rancia y no es un problema de conservadores y progresistas porque también hay progres que no ventilan la neurona», indica el magistrado barcelonés José María Fernández Seijo. Ventilar la neurona viene a ser integrarse en la realidad social, compleja y versátil, evitar que, como dice el magistrado donostiarra Iñaki Subijana, «el juez se vuelva autista en su torre de marfil». ¿Nuestros magistrados respiran, sienten y padecen con el resto de los mortales o componen una casta endogámica mal adaptada socialmente y refractaria a la expresión servicio público? No es una pregunta retórica. Según las encuestas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 60% de los españoles considera que la justicia está anticuada y funciona mal o muy mal. Es una crítica que no ha dejado de crecer últimamente, como no han dejado de crecer las quejas ciudadanas y las dudas sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales -alcanzan ya el 51% de la ciudadanía- y, ¡atención!, el porcentaje de quienes creen (el 48%) que con dinero bajo manga puede uno librarse hoy en España de ser procesado.

Aunque la imagen exterior no les haga justicia e ignore la calidad profesional y el sobreesfuerzo con el que la mayoría de los jueces hace frente al incremento exponencial de los litigios, parece claro que el sistema judicial tendrá que dar un gran salto adelante si pretende salvar su creciente divorcio con la sociedad. Tendrá que generar empatía hacia los ciudadanos y poner coto a los jueces endiosados y a los vagos, a los atacados por el exceso de responsabilidad y los lunáticos, que los hay; a los jueces-bomba y a los jueces-escándalo, que también los hay.

¿Pertenece al ámbito privado en el que nadie debería inmiscuirse que una magistrada haga de stripper en una barra americana? «En España no se puede castigar como falta disciplinaria la conducta privada de los jueces. Con la democracia, se retiraron de la ley las sanciones a ‘las conductas del juez que le hagan desmerecer de la consideración ajena’ porque en el franquismo fueron utilizadas contra los homosexuales. Aquí, el juez puede perfectamente emborracharse e ir de putas: no está obligado a guardar su imagen pública las 24 horas del día. En eso, somos una excepción del panorama internacional», explica el magistrado de Oviedo, Agustín Azparren, encargado de la comisión disciplinaria en el anterior CGPJ. Las encuestas internas muestran que la pérdida de fe en su trabajo alcanza ya a la cuarta parte de la plantilla judicial. Tenemos, pues, a un millar largo de jueces frustrados y desencantados en sus funciones; todo un problema habida cuenta del enorme poder que la sociedad ha depositado en manos.

El salto que la situación reclama exige, antes que nada, el desarrollo y conjunción del sistema informático, hoy fraccionado en compartimentos autonómicos estancos, no compatibles. Ha tenido que llegar la tragedia de Mari Luz Cortés -el juez Tirado no supo que el supuesto asesino tenía antecedentes y estaba reclamado por juzgados de otras capitales-, para que sus muy celosas y recelosas señorías bajaran los brazos y aceptaran la conexión que pondrá a disposición de todos ellos un banco de datos común. «Antes de un año vamos a darle un vuelco total a la situación», anuncia el director general de Modernización de la Justicia, Ignacio Sánchez Guiu. «Nuestro objetivo es cero papel. Se trata de escanear y digitalizar toda la información e instalar potentes sistemas de búsqueda de datos, de forma que lo que circularán por los juzgados ya no serán los clásicos carritos cargados de expedientes, sino los lápices de memoria USB o, directamente, la remisión telemática. Se instalarán en los juzgados videocámaras con la plataforma de firma digital y que posibilitarán las videoconferencias y evitarán muchos desplazamientos engorrosos», subraya Sánchez Guiu.

Más difícil que informatizar el sistema será lograr el cambio cultural de mentalidades que exige aplicar un modelo de formación y selección de jueces, alternativo al actual. Nuestros jueces recitan como nadie la letra grande y pequeña de la ley porque la única prueba que tienen que superar para pasar la oposición consiste en la exposición oral de los cinco temas que les toquen en suerte de un total de 360. ¿No es anacrónico seguir utilizando lo memorístico como criterio exclusivo ahora que la legislación entera puede ser almacenada en un dispositivo electrónico de bolsillo? ¿Dónde se enseña sentido común, equilibrio emocional, empatía social, capacidad de análisis, argumentación y comunicación a los que opositan a juez? Porque puede muy bien ocurrir, y ocurre, que el talento memorístico que gana la oposición ocupa su despacho de juez huérfano de la elemental experiencia vital y carente del sentido de la realidad.

Después de una década de estudio dedicada a sacar la carrera de Derecho, la oposición y el título de esa Escuela Judicial en la que todo el mundo aprueba -solo dos suspensos en 12 años, entre 1.500 alumnos-, los jueces se encuentran de sopetón al frente de un juzgado en el que tienen que decidir sobre los asuntos más variados y espinosos. «No deberíamos poder decidir en asuntos de familia: violencia de género, separaciones y divorcios con menores de por medio sin haber alcanzado antes la experiencia vital, los conocimientos psicológicos que te dan la madurez», afirma Iñaki Subijana. Parte de los que acceden a la carrera tienen escasos conocimientos informáticos o de inglés y casi ninguno ha trabajado con anterioridad. «Llegan con el lastre de haber pasado bastantes años volcados en preparar la oposición y sin contacto con la sociedad. Suelen ser poco conscientes de su condición de servidores públicos y algunos salen endiosados, se creen Dios porque gracias a su gimnasia memorística han ganado una oposición muy difícil», señala Alfredo Muñoz, presidente de la asociación Concepción Arenal, que agrupa a los jueces sustitutos. Cree que los aspirantes deberían ser examinados sobre su sentido común y su capacidad de resolver, además de pasar por un periodo de prácticas similar al MIR de los médicos.

Tener memoria de elefante y saber recitar, aunque sea como un «papagayo ilustrado» no preserva contra los trastornos mentales, la incompetencia o la inmoralidad, no detecta a la personalidad imbuida de un «poder autoritas» que se considera por encima del mundo. El juez valenciano Guillermo Forteza fue suspendido de sus funciones a los 30 años porque, erigido en abanderado de la moralidad y las buenas costumbres, dirigió grandes redadas contra las prostitutas y procesó por un supuesto delito de profanación a los nueve componentes del grupo teatral Els Joglars. También intentó que sus compañeros detuvieran a un médico ginecólogo que, según él, no había atendido adecuadamente a su mujer. Dos años más tarde, fue denunciado por su mujer y condenado por «coacción y vejación injusta». Según los médicos, padecía un tipo de paranoia que «no anula sus facultades intelectivas ni volitivas aunque disminuye su capacidad de raciocinio».

Al contrario que los aspirantes a bombero, policía o piloto, por ejemplo, los candidatos a juez no pasan por controles psicológicos que evalúen sus facultades mentales, pese a que el índice convencional de trastornados aceptable en otras profesiones resulta, en su caso, socialmente insoportable. A la vista de la situación -todos los años se dictamina la incapacidad permanente de entre ocho y diez magistrados-, el CGPJ estudia la posibilidad de extender a toda la plantilla el test psicológico. «Hay que detectar el desequilibrio del juez en el minuto cero», subraya Ignacio Sánchez Guiu. Y es que está demostrado que se puede ser el número uno de la promoción y estar seriamente trastornado. En la práctica, el Gobierno de los jueces, el CGPJ, tarda años en detectar el problema, y no interviene hasta que el daño es irreversible y ya ha engordado la antología del disparate judicial.

«Funciona mucho el proteccionismo interno, el recurso a la política de traslado, a la patada hacia arriba», admite una alta fuente de la magistratura. El CGPJ tardó nueve años en incapacitar a Ángel Falcón, titular del Juzgado de lo Penal de Guadalajara que durante este tiempo juzgó todos y cada uno de los crímenes cometidos en esa provincia. ¿Qué se puede esperar de las resoluciones de la juez que detuvo a la encargada de una perfumería y precintó la tienda porque se habían negado a reembolsarle el dinero pagado por un frasco de perfume, ya abierto, que pretendía devolver? ¿Y del fundamento racional de los autos dictados por la magistrada bilbaína que acusó al jefe de la Policía Judicial y a otros agentes de espiarla desde el piso inmediatamente superior a su vivienda cuando se duchaba desnuda?

«El problema con las sentencias disparatadas o extravagantes es que las resoluciones judiciales solo pueden resolverse por la vía del recurso», explica Félix Azón, presidente de la Comisión de Selección del CGPJ. Según Agustín Azparren, parte de los retrasos injustificados, que dan lugar al 60% de las sanciones, son debidos a trastornos mentales, particularmente a una enfermedad profesional achacable a un exceso de responsabilidad. «El exacerbado sentido de la responsabilidad les lleva a dedicar muchas horas a un caso pero no les ayuda a resolverlo, así que al final se encuentran ante una montaña de trabajo y se angustian más y más», señala el ex responsable de la comisión disciplinaria del CGPJ. El miedo a resolver atenazó al magistrado Manuel García Navarro, de Jaén. Pese a los apremios y expedientes disciplinarios, no pudo sentenciar un centenar y medio de juicios, gran parte de los cuales tuvieron que ser repetidos. Como la vía sancionadora es la única que puede apartar a un juez, el CGPJ castiga como negligencia lo que, en muchos casos, es fruto de una patología profesional.

Otra cosa son los comportamientos achacables a la desidia. No faltan ejemplos: la olvidadiza magistrado de Motril (Granada) Adelina Entrena que mantuvo 437 días en prisión a un imputado que ella misma había declarado absuelto; la juez de guardia de Collado Villalba, María Jesús García Pérez que se negó a hacerse cargo de un detenido porque estaba en el gimnasio o el magistrado que se lleva los expedientes a casa para calzar la pata coja de una mesa, dice, y los devuelve a través de su chófer desparejados e incompletos… Desde luego, no cabe atribuir a la patología profesional los casos de los jueces corruptos, culpables de cohecho, o prevaricadores que se resisten a aplicar leyes que les resultan antipáticas.

El magistrado murciano Fernando Ferrín Calamita que retrasó la solicitud de adopción presentada por una mujer lesbiana con el argumento de que los niños adoptados por parejas homosexuales son «cobayas humanas» y la juez de Denia que se negó a inscribir a un matrimonio del mismo sexo ilustran el boicoteo judicial a la ley de Violencia de Género. También hay quien exculpa a activistas de la kale borroka con el argumento peregrino de que no tenían por qué saber que la inscripción Ertzaintza, bien visible en las furgonetas atacadas, corresponde a la policía autonómica y no faltan los que piensan que el juez debe acabar con el capitalismo.

¿Qué fundamento tiene la creencia de que los jueces son de naturaleza conservadora? Salvo que se disponga de becas, solo los vástagos de familias económicamente desahogadas pueden permitirse estudiar durante 10 o 12 o más años para tratar de ser juez. ¿Hasta qué punto es significativa la presencia en distinguidos puestos de la Judicatura de personas vinculados al Opus Dei? Algunos magistrados calculan que los ligados a esa orden religiosa suponen el 5% de la magistratura. Lo que se sabe es que más del 90% de los jueces se sienten ajenos a la politización partidista que aqueja a las altas esferas del sistema y desean sacudirse la sospecha de parcialidad y arbitrariedad.

La estructura demográfica judicial ha experimentado un vuelco espectacular hasta el punto de que las mujeres constituyen ya el 66% de los jueces de edades comprendidas entre 31 y los 40 años en un país en el que las únicas juezas que existieron hasta 1978 eran las mujeres de los jueces. Ellas conforman la base del sistema, aunque su presencia en las altas instancias apenas si alcanza el 12% en el Tribunal Supremo, el 29% en los tribunales superiores de justicia, el 32% en las audiencias provinciales y el 33% en la Audiencia Nacional. A la luz de esa abultada presencia femenina, puede que se comprendan mejor las reivindicaciones de reducción de horarios y cargas laborables orientadas a lograr conciliar trabajo y vida familiar, la pérdida de carácter sagrado que envolvía la función judicial. El del juez es, en muchos casos, el segundo sueldo en parejas en las que la otra parte ejerce de abogado o notario.

Se ignora por qué los aspirantes a juez tardan actualmente una media de seis años en sacar la oposición, cuando hasta los años noventa, con la misma materia, solo les costaba dos o tres años. «¿Será que la universidad no cultiva ya la memoria como antes y que por eso los nuevos aspirantes a juez tienen más dificultades?», se pregunta Félix Azón. El presidente de la Comisión de Selección del CGPJ anuncia que el Ejecutivo de los jueces está decidido a acotar el tiempo de preparación de las oposiciones y a potenciar el acceso a través del 4º turno (abogados con más de 10 años de experiencia). «Necesitamos más jueces, pero solo con la condición de que sean buenos profesionales; no nos interesan los que llevan 11, 12 o 13 años opositando», indica. «Dice que el CGPJ quiere crear una escuela judicial selectiva que más que potenciar la memoria, cultive la capacidad de aprender, entender y manejarse con las bases de datos. Hay que aplicar criterios de salud laboral para poder detectar las anomalías lo antes posible», afirma.

Más revolucionarias que todas estas medidas, resultan las propuestas que la Comisión de Expertos ha presentado al Ministerio de Justicia. Proponen, nada menos, que los juzgados dejen de ser órganos individuales, estructuras de funcionarios y secretarios sujetas a un juez titular, para convertirse en entidades colegiadas dirigidas por varios jueces. «Supondrá un cambio radical de las mentalidades, en la medida en que una vez transformado en órgano colegiado, el tribunal tendrá que tener un criterio común. Se limitará así la situación, tan desconcertante para los ciudadanos, en la que los magistrados se pronuncian de manera distinta ante asuntos idénticos», afirma Iñaki Sánchez Guiu.

Con la reforma desaparecerán también las figuras del juez como francotirador solitario y virrey dueño y señor de su juzgado, aunque, de acuerdo con las propuestas de los expertos, conservará su capacidad de dictar resoluciones individuales en asuntos de menor entidad o semejantes a los resueltos colectivamente. Y por supuesto, los casos de la envergadura y complejidad del Prestige no quedarán en ningún caso en manos de un solo juez. La idea de crear juzgados colegiados fue ya expuesta por Alonso Martínez, artífice de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1870, y abandonada entonces por falta de dinero. Aunque la crisis ahoga también ahora, parece que su sueño de entonces puede materializarse 140 años más tarde en este gran salto que la justicia española tiene pendiente de dar.

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/gran/salto/pendiente/elpepusocdmg/20100627elpdmgrep_7/Tes