La opereta de la privatización de Aena a costa de la seguridad y la calidad del servicio

Eloy Orgaz

Hoy ha culminado el proceso por el cual la última joya de la corona de las empresas públicas ha comenzado a quedar rota en mil pedazos. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se privatiza el control del tráfico aéreo en los aeropuertos y se pone en manos de empresas extranjeras. En el transcurso del año, Aena dejará de existir y se fragmentará en una red de empresas participadas por capital privado en hasta un 49%. La opereta de un gobierno que miente a sus ciudadanos llega a su último acto.

Las mentiras y la propaganda del ministro Blanco sobre los controladores aéreos han funcionado a la perfección con la complacencia de los instintos más bajos de la sociedad. La cortina de humo de sus sueldos, una excusa como la de la noche de los cristales rotos para acabar con los judíos, con idénticos argumentos torcidos e igual saña, ha puesto en la picota a estos profesionales y ha desviado la atención de lo que realmente se ha pretendido. Aena tiene una deuda de 13.000 millones de euros por las inversiones en aeropuertos faraónicos y las licitaciones irregulares a empresas constructoras con estómagos agradecidos. Ahora se va a privatizar Aena como cuando se barre el polvo debajo de la alfombra.

El resto de trabajadores de Aena (bomberos, trabajadores de tierra, técnicos de mantenimiento) van a ver peligrar sus empleos. Van a perder el status de empleado público con el silencio cómplice de los sindicatos de clase, que cobran del gobierno y engañan a los trabajadores.

Los miembros del consejo de administración de Aena, paradójicamente elegidos a dedo por su filiación política y docilidad, se fijan sus propios sueldos y los multiplican por cinco entre los años 2007 y 2008, pero a ellos nadie les llama privilegiados ni se dice si sus retribuciones han sido avaladas por la CECIR. Los directivos de Aena y alguno de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) cobran su asistencia a numerosos consejos de administración y patronatos. Alguno hasta simultanea abiertamente cargo público y privado. Pero de estos casos no habla nadie, y menos los medios, que tienen miedo de perder los multimillonarios contratos de publicidad del Ministerio de Fomento.

Los dóciles corderos en los que se ha querido convertir a la opinión pública han aplaudido con las orejas una maniobra cuidadosamente estudiada que ha pretendido desviar la atención sobre los verdaderos problemas y encumbrar a un ministro vocinglero que de otra forma jamás habría podido perfilarse como sucesor de Zapatero. En un momento en el que la prensa internacional y las agencias de calificación cargan contra el ineficaz gobierno socialista, desde las poltronas ministeriales se sigue considerando que es lícito instrumentalizar a la opinión pública a su antojo mediante consignas propagandísticas de baja estofa. La contratación de más personal en Aena y la necesaria formación de nuevos controladores aéreos no dan votos, pero su destrucción mediática al parecer si.

Las denuncias del Colegio de Pilotos ante la amenaza de Blanco de introducir a controladores militares «inmediatamente», como si de mano de obra semi esclava se tratase, no parecen calar en los titulares informativos. Los propios controladores militares, sometidos a la obediencia debida, ya han declarado que ellos no pueden hacerse cargo masivamente del control del tráfico civil, porque son pocos y porque no tienen la preparación técnica necesaria. ¿Será necesario otro accidente como el de Nantes del 73 para que impere la cordura?

A las las compañías aéreas, a través de sus asociaciones lobby, se les ha pedido que aguanten el chaparrón y que todo irá bien para sus intereses al término de la privatización y la purga de controladores díscolos. Pero estas compañías ya se están dando cuenta de que se les ha engañado, de que antes no había demoras ni apenas incidentes de seguridad, y que esta maniobra propagandística del Gobierno está afectando gravemente a sus intereses y a sus cuentas de resultados. Este es un clamor en los círculos aeronáuticos especializados, y por más veces que se reúnan con el Gobierno las compañías aéreas deberán comprender que se les ha engañado, al igual que al resto de la sociedad, en un momento en el que ya parecía repuntar la crisis internacional del transporte aéreo.

Los aeropuertos los han pagado todos los españoles. Pero Aena se ha reunido con SERCO, una multinacional británica «low cost» de servicios como los de la empresa de Dick Cheney en Irak, y les han ofrecido en bandeja los aeropuertos españoles. La formación de controladores se la han cargado y la han convertido en un negocio lucrativo, cobrando a través de SENASA 45.000 euros al pobre incauto que estuviese interesado en entrar en la profesión cuando antes era gratis y estaba becada.

Estas son algunas de las consecuencias que cabe esperar tras este monumental despropósito:

1. No van a bajar los billetes.
2. Se va a cobrar al ciudadano dos veces las mismas cosas.
3. Se venden activos públicos a empresas extranjeras y se despatrimonializa nuestro país.
4. Habrá una merma de la calidad del servicio que afectará al turismo y al PIB español.
5. La merma de la seguridad aérea es ya un hecho, reflejado en el aumento de incidentes.
6. Se observa el enriquecimiento de unos pocos a costa del erario público.
7. Se hipoteca el futuro crecimiento económico de las comunidades autónomas al implantar servicios AFIS en contra la de la normativa internacional.
8. Se trata al pasaje con paternalismo indolente y como si fuesen ganado y se le hacina en aviones sucios de compañías «low cost»
9. Aumenta la carga de trabajo de los pilotos y los controladores aéreos hasta el punto de la extuación.
10. No se crea empleo nacional.

El enriquecimiento de unos pocos a costa de la seguridad aérea y de los derechos de los pasajeros a través de la privatización exprés por la puerta falsa de Aena nos recuerda otros casos sonados que acabaron en escándalos de corrupción política, y el tiempo dirá quien tenía la razón.