El ‘efecto ventilador’ en las concesiones de AENA

Empresas que desde finales de los años ochenta hasta mediados de los años noventa gestionaron servicios de restauración de los mayores aeropuertos españoles lo hicieron, según la fiscalía de la Audiencia Nacional, con el «objetivo» de extraer de esas sociedades «la mayor cantidad de dinero posible en beneficio propio y en detrimento de varias sociedades defraudando precisamente los créditos generados como consecuencia del desarrollo de dicha actividad concesional». Durante la sesión de cuestiones previas a la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Nacional, en Madrid, las defensas de los acusados por el presunto fraude solicitaron la suspensión del juicio por prescripción del delito.

Las sociedades fueron administradas por Antonio Manuel, Francisco de Paula, Fernando Javier y José Juan Morales Fernández y por Carlos y Marcos Eguizábal, según el escrito de acusación de la fiscalía. Las empresas indicadas -Concesiones de Restauración, Explotaciones de Restauración, Las Ramblas Caterin e Iheresa- gestionaron desde finales de los años ochenta hasta mediados de los noventa servicios de restauración en el aeropuerto de Barajas, en la Terminal Internacional del aeropuerto de Barcelona, en el de Palma de Mallorca, servicios de restauración del aeropuerto de Jerez y en «ciertos puntos» de los aeropuertos de Málaga y Sevilla.

Según el escrito de la fiscalía, la actuación de los acusados Morales Fernández estuvo «destinada a extraer ilícitamente bajo muy diversos sistemas (…) los fondos obtenidos (…) que debían haber servido para atender sus obligaciones y a sus acreedores y no para lucro personal». En cuanto a los acusados Eguizábal indica que «intervienen en el fraude desde su posición como accionistas a través de Díez Mérito (hoy Federico Paternina)». Los encausados deben responder según el fiscal en 9,5 millones a AENA y en 2,5 millones a Santander, entre otros acreedores.

El escrito de la fiscalía indica que parte de los encausados destacan que las empresas acusadas actuaban «entre sí con el concepto de caja única», una «excusa» que «no es más que un elemental intento de justificar las innumerables operaciones de traspaso, transferencia, movimiento, etc., que los peritos han constato que realizan entre ellas» y que «en realidad obedecen a un efecto ventilador que disemina y a la vez borra las trazas del movimiento del dinero que entra y sale de las sociedades».

Tanto el abogado de AENA como el de Santander aludieron a la cantidad de documentación incongruente presentada por los acusados. «Los libros de contabilidad están hechos el último día, ad hoc, se han presentado 460 cajas de cartón con documentación», comentó el abogado defensor de AENA.

El ministerio fiscal pide 10 años de prisión para Antonio Manuel, José Juan, Francisco de Paula y Francisco Javier Morales, así como para el empresario Carlos Eguizábal y su padre Marcos Eguizábal, fallecido en 2009, por apropiarse de 12 millones de euros mediante la supuesta quiebra fraudulenta de las sociedades concesionarias.

La defensa de los acusados solicitó la suspensión del juicio por prescripción. Tanto el fiscal como las dos acusaciones particulares acreedoras, AENA y Santander, solicitaron su desestimación. El tribunal comunicará si acepta o no las cuestiones previas planteadas por las partes el 16 de septiembre.