Aena paga a cada controlador un céntimo de euro en un extraño ejercicio de contabilidad creativa

Los controladores dicen que el conflicto con AENA ha pasado a ser un problema

–  Agencia EFE –

Madrid, 16 sep (EFE).- La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha dicho hoy que el conflicto con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) no se ha acabado con el acuerdo de mínimos de agosto, sino que ha pasado del conflicto al problema.

«Visto lo visto no está nada claro», afirmó hoy César Cabo, uno de los portavoces del sindicato, según quien, con su actitud, AENA pone en entredicho la palabra del ministro de Fomento, José Blanco, que aseguró el pasado 3 de septiembre en una reunión con los controladores, que la única solución al conflicto es la negociada.

Rueda de prensa de USCA al término del XXII Congreso Nacional

En opinión de este portavoz, el Ministerio de Fomento, ante el cual responde AENA, debería llamar al orden a la empresa pública, dado que Blanco se comprometió públicamente a resolver la situación y anunció que se reuniría de nuevo con el colectivo en caso de que hubiera más problemas.

Precisamente ésta es la vía que siempre ha defendido USCA, pero en cambio ha recibido «leyes, decretos e incumplimientos por parte de la empresa», insistió Cabo en una rueda de prensa al término de la última jornada del XXII congreso del sindicato, que representa al 97% de controladores.

Agregó que, ahora mismo, el acuerdo de mínimos, que acabó con la amenaza de huelga de este colectivo en agosto, no se está cumpliendo a rajatabla por parte de AENA, mientras que sí por parte de los controladores, que desean seguir negociando para que la situación del sector aeronáutico en España se normalice cuanto antes.

Cabo quiso dejar claro que AENA no muestra ninguna voluntad de que quiera avanzar en el camino que marcó el ministerio.

Otro de los portavoces de USCA, Daniel Zamit, coincidió en que el acuerdo de mínimos supone sólo un «parche» y si AENA falta a la palabra de Blanco y deja en entredicho su credibilidad, quiere decir que «hay un problema de comunicación real entre el ministro y AENA».

Entre los incumplimientos de la empresa, USCA denuncia que no publica los turnos de trabajo con la antelación que el acuerdo marca, no cumple los descansos de seguridad y no facilita las configuraciones de trabajo de referencia.

Tampoco está cumpliendo el tema de retribuciones y, para «más inri», AENA hizo el pasado 13 de septiembre una transferencia de nómina a las cuentas bancarias de los controladores por importe de un céntimo en concepto de atrasos, lo que, a juicio de Cabo, es una auténtica «tomadura de pelo», dado que una transferencia cuesta 6 euros y la empresa tiene una deuda de 14.000 millones de euros.

Asimismo, explicó que los controladores no cobran «ni de lejos» los 200.000 anuales euros de media que dice Fomento.

Cabo advirtió de que es insostenible que la actual situación se prolongue por mucho más tiempo, ya que en juego está la seguridad aérea.

No obstante, USCA seguirá dando oportunidades para negociar a AENA y no se plantea medidas de presión, aunque no renuncia a su derecho a la huelga.

El controlador añadió que una muestra más de «la mala gestión» de los recursos humanos por parte de AENA es no aprovechar a los 47 controladores formados por Servicios y Estudio para la Seguridad Aeronáutica (SENASA) que desde julio esperan su llamada, mientras que hay una falta de plantilla.

Los controladores aprovecharon el congreso para reformar los estatutos del sindicato y separar de éste a la Asociación Profesional de Controladores Aéreos (APROCTA), que a partir de ahora defenderá la profesión, mientras que USCA se centrará en cuestiones laborales.

Ambas entidades pelearán para que les sean devueltas a los controladores decisiones técnicas, atribuidas a través del real decreto del 5 de febrero a AENA, que no se pueden tomar desde un despacho, aseguró USCA.

Por ello, el colectivo está dispuesto a ir en bloque para defender la figura del controlador en España, donde el Gobierno está decidido, entre los cursos de formación de bajo coste y otras series de normativas, a acabar con la profesión y, así, darle menos garantías al usuario y al servicio, añadió.