La insostenibilidad de las mentiras sobre la seguridad aérea
Eloy Orgaz
Cuando viajo en tren, no espero que descarrile. Cuando voy a comer a un restaurante, no espero resultar envenenado. Si me operan, confío en que el cirujano esté descansado, con una buena formación, centrado en su trabajo y de buen humor.
Sin embargo, aquel pobre incauto que piense que volar hoy en España es más seguro, está en un grave error.
Los incidentes aéreos se han disparado tras la promulgación del decretazo de José Blanco y la posterior Ley 9/2010. España ocupa el segundo lugar en Europa en retrasos aéreos, detrás de Francia, a pesar de no haber sufrido (aún) una huelga de controladores. Y el Presidente de AENA, Lema Devesa, sostiene en todas partes que tanto él como su equipo directivo están haciendo bien los deberes. Otro tanto afirma la Secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutierrez, y el propio ministro Blanco. «La seguridad aérea está garantizada», afirman desde sus despachos. Pero no es extraño que opinen así: es su puesto y su credibilidad lo que se juegan.
Y, efectivamente, se la están jugando. Y además mienten a los ciudadanos.
El pasado día 21 de octubre, AENA pretendió que los controladores canarios se sentasen sin haber recibido formación. El espacio aéreo canario, y posiblemente el peninsular, estuvieron en un tris de cerrarse, con el grave perjuicio que para la economía y las vidas de miles de pasajeros ello habría conllevado. Los controladores canarios se plantaron: estaban dispuestos a perder sus puestos de trabajo antes que provocar un accidente. Los controladores, el último eslabón de la cadena, fueron los garantes de la seguridad, incluso a costa de su propio puesto de trabajo. ¿Donde estaban Blanco, Gutierrez, Lema y los demás el día 21 de octubre? El responsable de operaciones ATS de Canarias, un controlador, se atrevió a denunciar los hechos y fue cesado.
La falta de independencia del regulador, la AESA / Dirección General de Aviación Civil, y el proveedor, AENA, ambos retoños del Ministerio de Fomento, es escandaloso. La AESA, y su presidenta, se limitan a firmar lo que les ponen encima de la mesa. La AESA carece de un cuerpo de inspectores propios y subcontrata a personal de SENASA. Hace poco un inspector de vuelo, Javier Aguado, denunció que ninguna de las más de 200 inspecciones técnicas de aeronaves realizadas en España habían sido realizadas por inspectores, sino por subcontratas. Este hecho, sumado a su historial de denuncias en la AESA, le ha valido otro expediente. Si alguien abre la boca se le acosa hasta que reviente, porque no conviene que ciertas cosas se sepan ya que hay mucho dinero en juego.
Gaspar Llamazares ya alertaba en 2008 sobre las graves deficiencias inherentes a la seguridad aérea española justo después del desgraciado accidente de Spanair: «La mayor parte de la iniciativa legislativa de las iniciativas de investigación se produce siempre después de los accidentes. Años ochenta, comisión de investigación a iniciativa del propio partido del Gobierno, medidas y recomendaciones para equilibrar sector aéreo e investigación e inspección aérea. Años noventa, accidentes con iniciativas también de carácter legislativo. Años 2001, 2002 y 2003, Ley de Seguridad Aérea, después de accidentes importantísimos en las cercanías de Madrid o en el propio aeropuerto de Barajas.»
Dos años más tarde, un gobierno socialista se inventa la jornada y los descansos de los controladores aéreos y los plasma en una ley aprobada por rodillo parlamentario sin llevar a cabo ningún estudio previo de seguridad. La Cámara refrenda la propuesta, y ahora todos aguantamos la respiración.
Los representantes políticos de la ciudadanía española deberían comprender dos cosas: primera, que el respaldo electoral no es una patente de corso para hacer lo que les plazca, y segundo, que la seguridad aérea se basa en decisiones técnicas, no en aritméticas parlamentarias, presiones de lobbies, favores políticos y declaraciones ante la galería.
Si ocurriese un accidente fruto del desarrollo de la Ley 9/2010 y de la aplicación que algunos hacen de ella volverán las declaraciones de principios, las palabras biensonantes, las corbatas de seda natural en sede parlamentaria. Pero el controlador implicado, el piloto y los pasajeros fallecidos y sus familias demandarán una explicación sobre por qué personas sin formación técnica le dicen a un cirujano como debe operar.
