La directora de Navegación Aérea deberá justificar en el juzgado sus declaraciones asegurando que los controladores aéreos reclaman más dinero
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) –
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid una petición de acto de conciliación contra la directora de Navegación de Aérea de AENA, Carmen Librero, por sus declaraciones públicas en las que aseguró que el sindicato había reclamado sueldos de 300.000 euros de media.
Según el escrito presentado al que tuvo acceso Europa Press, los controladores piden a Librero que explique ante el juez de dónde obtuvo la información para asegurar que los controladores habían condicionado las negociaciones del convenio colectivo a un supuesto aumento salarial.
El pasado 15 de octubre, Librero declaró textualmente a ‘Telemadrid’ que «lo que plantearon el miércoles de la semana pasada en la mesa fue una propuesta en la que se pedía que tuvieran una retribución media de 300.000 euros, o sea, volver a la situación anterior».
Así, los controladores aéreos piden a la directora de Navegación Aérea que explique si estuvo presente en la mesa negociadora del II convenio colectivo mantenida entre los controladores y representantes de AENA el 6 de octubre, y, en caso de no ser así, que comunique quién o quiénes le trasladaron la cuantificación económica aludida.
USCA pide también que Librero declare si tiene conocimiento o no del acuerdo de bases de fecha 13 de agosto de 2010 que ha sido aprobado y certificado por la CECIR en materia de retribuciones salariales para el colectivo de controladores aéreos.
El sindicato ha presentado ante el juzgado las actas de la mesa negociadora del pasado 6 de octubre para demostrar que las declaraciones de Librero no se corresponden con la realidad.
En un comunicado, el presidente de USCA, Camilo Cela, acusó a AENA de «justificar la mala gestión» de los aeropuertos españoles «con el discurso de siempre de que los controladores quieren cobrar más».
Cela añadió que lo que «no tiene justificación son las demoras que sufren las compañías, las inspecciones políticas luego retiradas, el intento de poner a trabajar a profesionales sin la formación adecuada y su posterior marcha atrás. Un sinfín de errores e ineficacias de la empresa».
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