´Supongo que podré hacer 2.000 o 3.000 horas al año; las que el Gobierno quiera´
«La ley de seguridad aérea pone en nuestras manos la responsabilidad de controlar. Si no estamos en condiciones psicofísicas para trabajar, no debemos hacerlo», dice Susana Romero
REDACCIÓN | A CORUÑA «El decreto del viernes es una provocación. Imagínese que su empresa, de repente, dice que cualquier permiso legal concedido, no es tal. Si estuvo enfermo, tiene que devolver los días a la empresa; si tiene un hijo a su cargo, con días de permiso, tiene que devolverlos; si se casó, y le dieron 15 días, también. ¿Eso no es una agresión? Es una agresión y una provocación».
A título personal, ya que al haberse militarizado su trabajo no saben en que condición quedan, Susana Romero, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en Galicia, relató ayer en una entrevista en la Radio Galega la situación del colectivo tras la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma el viernes.
Romero, de vacaciones cuando se produjo la marcha de los controladores aéreos de sus puestos (aún no se reincorporó), culpa al Gobierno del caos que se produjo. «Estábamos pasados de horas. No podíamos trabajar más y estábamos fuera de la legalidad. De ahí el decreto, no sé hasta que punto legal, del Gobierno. En Santiago empezamos a presentar demandas, que el sindicato no conocía, porque se había sobrepasado nuestra jornada.»
La portavoz del sindicato en Galicia, con plaza en Santiago, defiende la postura de sus compañeros por la presión tras varios decretos del Ministerio de Fomento. «No fue una acción concertada, no sabíamos lo que iba a pasar tras el decreto. El sindicato pidió calma, pero la gente estaba muy crispada, no podían trabajar en ese estado. Iban a ampliar su jornada laboral, y iban a tener que devolver horas. No esperábamos algo así por parte del Gobierno».
A Susana Romero sus compañeros le cuentan que el trato con los militares, de quien ahora dependen» es correctísimo, pero no sabe cómo será hasta que vuelva al trabajo. «La negociación del convenio no tiene nada que ver con el número de horas, ya excedido. Por eso entendemos que no tenemos los mismos derechos que el resto de los españoles. El estatuto de los trabajadores a nosotros no se nos aplica».
Y sobre el argumento de los sueldos excesivos, denuncia: «Es una mentira decir que ganamos 200.000 euros al año. No ganamos tanto. Y en ningún momento se está hablando de una reivindicación salarial, y si no que lo demuestren. Desde agosto, claramente se aceptó el cómputo salarial propuesto por la empresa, y sólo se negocian cuestiones laborales».
Susana Romero recuerda que los controladores aéreos no pueden convocar una huelga. «¿Una huelga legal? Los servicios mínimos en nuestro trabajo son de un 100%. Quise ir a la huelga general, pero no pude. La empresa me obligó a ir a trabajar. Si a usted eso le parece democracia».
Sobre si tiene miedo a las sanciones, la portavoz de los controladores gallegos relató al programa Aquí Galicia: «La empresa tendrá que proponer las sanciones, individualmente, y se verá en cada caso. El ministro está actuando de una forma, a mi manera de ver, muy irresponsable. La ley de seguridad aérea pone en nuestras manos la responsabilidad de controlar. Con lo que si no estamos en condiciones psicofísicas de trabajar, no debemos hacerlo. Eso es lo que pasó a nuestros compañeros, y cada uno tendrá que explicar lo que sucedió».
Y recuerda las últimas medidas de Fomento: «Aprobó una ley por la que la jornada laboral pasa de 1.200 horas a 1.670. Ahora parece que son más. Yo llevó casi 1.800, y suma y sigue. Tuve que ir a Madrid una semana a un curso obligada, y no computa. Ni los desplazamientos ni los cursos de formación. Si esas no entran, supongo que podré hacer 2.000 o 3.000 horas, las que quiera el Gobierno. Tengo que trabajar lo que la empresa diga. No tengo derechos, me pueden quitar vacaciones? Un recorte de derechos civiles tremendo. No entiendo a nadie que gobierne a golpe de decretazos. Para mi la democracias es otra cosa».
Los controladores han comenzado a expresarse públicamente, con dudas sobre su situación jurídica, que en teoría los coloca bajo el Código Penal Militar. Los portavoces del sindicato (USCA) pidieron disculpas ayer a los usuarios afectados por el caos, pero a la vez acusaron al Gobierno de haberles desquiciado y llevarles a una acción a la desesperada. Uno de los portavoces, César Cabo, explicó que su colectivo ha dado un «salto al vacío» que las autoridades públicas «sabían que podía ocurrir» tras meses de «gestión abusiva» y con la «gota final» del decreto del viernes. «Que se entienda que, desquicie semejante, sólo ocurre cuando un colectivo está presionado al límite», dijo Cabo, «a título particular», porque el decreto en teoría impide la actividad sindical. El controlador recalcó que el caos se podía haber evitado «con un mínimo de negociación sobre las horas» y con una llamada «prácticamente de cinco minutos». «Lo único que se necesita aquí es estabilidad laboral y que la gente pueda trabajar tranquila». Cabo, que ha sentido estos días la indignación popular en la calle, insistió en disculparse ante los ciudadanos «por un caos sin justificación», pero con una explicación para «saltar al abismo de una manera tan desmedida». En Facebook, dijo: «Nos disculpamos de nuevo ante los usuarios afectados por el caos de hace dos días, ha sido una situación terrible ocasionada por una presión de meses que explotó el viernes». Otra controladora, Cristina Antón, destinada en Canarias y que tiene un blog, se mostró más explícita: «Tratan mejor a los etarras. ¿Cómo es posible que de repente me conviertan en militar?¿ Están en plan Franco».
