Estado de alarma constitucional
Ignacio del Río.
El estado de alarma decretado por el Gobierno es el hecho más grave en los 32 años de democracia tras el golpe de Estado del 23-F y los atentados del 11-M, en los que con más de 1.000 víctimas se paralizó todo el tráfico de cercanías de Madrid en pleno periodo electoral. El Gobierno de José María Aznar afrontó los hechos con sus poderes ordinarios, sin acudir a la declaración de un estado de alarma que estaba, en este caso, nítidamente incluido en los supuestos que regula la Ley Orgánica 4/1981.
De acuerdo con el contenido del real decreto aprobado, el Gobierno de Zapatero reconoce su incapacidad para restablecer la normalidad mediante sus poderes ordinarios. El artículo 1 de la Ley Orgánica señala este presupuesto de carácter jurídico y político para la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Y así lo corrobora la exposición de motivos del real decreto aprobado, una auténtica autoinculpación que reconoce la incapacidad del Gobierno para “restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos” y para ejercer el poder ordinario del Estado.
Después de una exposición de motivos surrealista, el estado de alarma decretado por el Gobierno Zapatero, no cumple los dos requisitos que se exigen conjuntamente en la ley: “Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, (servicios mínimos esenciales) y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo (terremotos, incendios, accidentes graves, catástrofes naturales y epidemias)”.
El Gobierno ha forzado la declaración de estado de alarma, ya que el mecanismo constitucional, el estado de excepción, previsto expresamente para restablecer el normal funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, hubiera supuesto un auténtico escándalo ante el mundo y una crisis política y económica de efectos devastadores, regresando a los tiempos más oscuros de nuestra historia.
Toda esta vulnerabilidad constitucional, se acentúa con la pretensión de convertir en personal militar a los controladores aéreos, por la vía de un real decreto y con amenaza subyacente de la aplicación del Código de Justicia Militar. La Constitución declara que la jurisdicción militar se desarrolla en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.
Las informaciones que se difundieron desde La Moncloa el viernes por la tarde, informan de que en el gabinete de crisis constituido ha participado el consejero togado militar y se suelta la liebre de un supuesto delito de sedición, con el fin de doblegar a los controladores, en un ejercicio de amenaza desde el Gobierno.
¿Es posible, ante la gravedad de los hechos, que Blanco nos dé una explicación solvente sobre las razones para incluir esta medida en un decreto ley, que es un procedimiento legislativo excepcional, que plantea dudas sólidas de su aplicación retroactiva, modificando condiciones laborales vigentes y que, sin duda, no requiere una norma con rango legal para regularse en caso de ausencia de convenio? ¿Es posible que el ministro de Fomento diga la verdad sobre las causas del déficit de AENA derivado de la amortización de las infraestructuras aeroportuarias, que se han realizado sin una planificación estratégica, situando aeropuertos en ciudades sin tráfico aéreo? ¿Nos contará Blanco por qué no tiene otro argumento más sólido que la demagogia del sueldo de los controladores, cuando después de siete años de Gobierno Zapatero ni se han ofertado más plazas, ni se han contratado controladores procedentes de la UE, ni se ha habilitado la licencia civil de los controladores militares?
Demasiadas preguntas sin respuesta de un Gobierno que ha mentido cuando dice en la exposición de motivos del real decreto “que han fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente”.
Nunca un Gobierno democrático ha violentado la Constitución de esta manera. Los derechos y libertades fundamentales, la legalidad y la seguridad jurídica no pueden quedar al albur de los ensayos de química política de Zapatero, Rubalcaba y Blanco. España necesita una Ley de Huelga, que reclama la Constitución delimitando el contenido del derecho, para que no se reproduzcan estas situaciones. Y España necesita un Gobierno capaz de explicar a los ciudadanos la realidad de los problemas, de ofrecer confianza y que no engañe ni manipule a la opinión pública.
J. N. Figgis dice: “Habrá una batalla inevitable y terrorífica entre quienes creen y quienes no creen que los únicos derechos son los derechos del Estado y la única autoridad es la autoridad de la República”.
Zapatero, apoyado por sus cónsules Rubalcaba y Blanco, ha actuado como Catilina que fue derrotado en las elecciones del año 63 a. C. Informado Cicerón comenzó su discurso en el Senado oponiéndose a los poderes excepcionales que pretendía asumir: “Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia”.
*Ignacio del Río es jurista y fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
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