‘Aena cerró el espacio aéreo y había controladores para poder seguir volando’
Roberto Bécares | Ignacio Anasagasti | Madrid
«Los controladores hemos acudido a la Fiscalía a declarar porque asumimos la responsibilidad que compartimos. Aena y el ministerio tienen que asumir la suya». Así lo ha declarado el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde una docena de compañeros ha comenzado a declarar ante la Fiscalía de Madrid, tras el abandono de sus puestos de trabajo que causó un enorme caos y provocó que el Gobierno decretara el Estado de Alarma tras el cierre del espacio aéreo.
Cabo, quien ha realizado estar declaraciones a título personal, ha señalado que «la empresa fue quien decidió cerrar el espacio aéreo y el clima de agitación impidió a muchos controladores hacer su trabajo.Había controladores para que se siguiera volando, no en las mismas condiciones, pero se podría seguir volando. Aena tomó esta decisión y tendrá que explicarlo» ha insistido.
El portavoz de USCA ha dicho también que Fomento tendrá que explicar también por qué lleva más de un año «machacando a un colectivo ante la opinión pública y utilizándolo de manera demagógica».
«Dice que quiere negociar por delante y luego por detrás saca decreto tras decreto», ha afirmado, para recordar que el Gobierno ha aprobado hasta el momento una ley y cuatro reales decretos que afectan a las condiciones laborales de los controladores, lo que ha considerado «una provocación» al colectivo.
Aunque Cabo ha reconocido que la reacción del pasado fin de semana «fue desmesurada», la ha justificado diciendo que según el real decreto aprobado el pasado viernes, un controlador que haya estado hospitalizado durante este año tendrá que «devolver» ese tiempo de trabajo.
Por su parte, el también portavoz Daniel Zamit, igualmente a título particular debido a la situación de militarización en la que se encuentran actualmente los controladores, ha explicado que «el sindicato ha interpuesto dos recursos contenciosos administrativos en contra de los Reales decretos que decretaban la militarización y el estado de alarma».
Según Zamit, controlador en Torrejón, «nuestros asesores jurídicos nos plantean serias dudas tanto en el procedimiento utilizado, como en los cuerpos legales en los que se ha apoyado el Gobierno para dictar esos dos decretos».
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/09/madrid/1291891661.html
