Los jueces cuestionan que se aplique «una ley franquista»
La Ley Penal de Navegación Aérea «es una legislación que tiene su sentido en el contexto en que se promulgó: la dictadura», sostiene JpD
F. Velasco. 11 de diciembre
MADRID La aplicación a los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo el pasado viernes y causaron el caos del delito de sedición previsto en la Ley Penal de la Navegación Aérea, aprobada en 1964, en plena dictadura franquista, aunque posteriormente «confirmada» por el poder democrático –con leves modificaciones procesales– es más que cuestionada por los propios jueces e incluso por gran parte de fiscales.
José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló, en declaraciones a LA RAZÓN, que la «opción» elegida por la Fiscalía, la aplicación de la citada ley, plantea el «problema de que es preconstitucional y establece penas que parecen desproporcionadas –hasta ocho años de cárcel– y es una legislación que tiene su sentido en el contexto en que se promulgó: la dictadura de Franco, pero no ahora». Por ello, ve necesario adecuar la legislación especial, como ésta, al Estado constitucional, aunque ahora la citada ley está plenamente vigente.
En esta línea, compartió la decisión del Gobierno de decretar el Estado de Alarma , «pero la respuesta penal tiene que ser proporcionada, y la legislación –que se aplique–, también», porque en la Ley Penal de Navegación Aérea se establece penas para estos hechos «que son equivalentes, por ejemplo, a un delito de violación».
Por ello, consideró «razonable» la posibilidad de aplicarse el articulo 409 del Código Penal, en el que se castiga con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a los funcionarios públicos «que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público». Y, junto a ello, es posible exigir indemnizaciones por los daños causados.
En todo caso, concluyó el portavoz de JpD, «se trata de una cuestión jurídica» en la que la Fiscalía ha optado por una determinada interpretación.
Por su parte, José Antonio Ballesteros, miembro de la Ejecutiva de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, destacó que una vez instaurada la democracia, el legislador, «conscientemente» ha mantenido en vigor la citada ley, por lo que forma parte del ordenamiento jurídica.
Así, destacó que la pregunta que hay que realizarse es «por qué el legislador democrático ha mantenido en vigor una ley netamente franquista, sobre todo porque existen normas poscontitucionales con las que se puede hacer frente a situaciones» como las registradas. La democracia, afirmó, «no está inerme frente a situaciones límites y conflictivas» como las vividas.
Pero, además, destacó que «antes de llegarse a utilizarse instrumentos meramente punitivos, el Derecho tiene también un elenco de posibilidades para sancionar conductas como la de los controladores, sin tener que llegar a la vía penal».
Pero estas dudas no las albergan sólo los jueces. La Asociación de Fiscales (AF) tampoco parece tener muy claro qué legislación es que se debe aplicar en estos hechos. «Debe ser el Ministerio Fiscal, previa valoración -discusión- de su pertinencia jurídica» y «en última instancia los tribunales» quienes determinen si es de aplicación «una norma preconstitucional –la Ley Penal de Navegación Aérea– o el Código Penal de 1995», afirma la AF.
Pumpido y el Gobierno
Por otro lado, las asociaciones judiciales consideraron «normal» la presencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Consejo de Ministros donde se decretó el Estado de Alarma. «Se trataba de adoptar una decisión de carácter jurídico y la Fiscalía es el instrumento que tiene el Gobierno para relacionarse con los tribunales», señaló el portavoz de JpD. Sin embargo, la APM ve en esa presencia «una razón más que evidente de que a este Ministerio Público no se le puede otorgar la instrucción de las causas, porque se demuestra que es un instrumento del Gobierno, y la prueba es que estaba allí, en el Consejo de Ministros».
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