En rascar y alarmar todo es empezar
Xose Luis Barreiro
En un sistema de vigilancia constitucional que tragó con la expropiación de Rumasa, con la ley de partidos, el matrimonio homosexual, y lo que queda del Estatuto de Cataluña, el presidente Zapatero no va a tener ninguna dificultad para que su declaración del estado de alarma sea considerado ajustado a derecho. A esto hay que añadir que al Gobierno no le van a faltar expertos de toda condición y nivel que, por un razonable estipendio y sin merma de su prestigio, estampen su firma debajo de cualquier ocurrencia convertida en dictamen. Y por eso me temo que dilucidar la conveniencia de prorrogar el estado de alarma a la luz del derecho constitucional es lo mismo que discutir la validez del argumento ontológico durante el descanso del Madrid-Barça.
Comparto en su totalidad las observaciones de inconstitucionalidad académica, si me permiten el calificativo, que hacía ayer el profesor Blanco Valdés. Y comparto, como demócrata, los miedos que produce el uso de una medida excepcional, que genera excepciones jurisdiccionales aberrantes, para combatir problemas laborales que, por importantes que sean, no dejan de ser ordinarios. Pero hace mucho tiempo que la vigilancia constitucional ha desbordado el terreno de lo jurídico para asentarse de lleno en el utilitarismo político, hasta el punto de que hoy podemos afirmar que es constitucional todo aquello que nos conviene o nos facilita la vida, e inconstitucional todo aquello que, por envejecimiento de la norma o por falta de previsión legislativa, nos mete en serios compromisos, o nos hace engorroso, el hecho de gobernar.
Tal como están las cosas nadie sabe a ciencia cierta si la huida hacia el alarmismo iniciada por el Gobierno es sustancialmente constitucional o inconstitucional. Per lo que es absolutamente evidente es que ningún tribunal va a cuestionar esta decisión en un fallo inapelable, y que todos los enredos que durante el proceso puedan protagonizar nuestros abundantes jueces estrella no tienen más futuro que el agua de borrajas.
Así que, queridos amigos, solo nos queda la política, desde la que esta forma de actuar del Gobierno debería considerarse ineficiente en la gestión, aberrante en lo jurídico, y peligrosa en su filosofía y en sus precedentes. Pero para eso tendríamos que habernos enfrentado siempre a los retorcimientos del derecho que hemos tolerado, e incluso aplaudido, en circunstancias anteriores. Ahora, en el corto plazo, solo nos queda aguantar y callar. Porque, como dijo Rubalcaba, «el que le echa un pulso al Estado siempre lo pierde». Y porque a la inmensa mayoría de la gente, en vez de ponerle los pelos de punta, esta frase del vicepresidente, propia de un absolutista, le pareció una genialidad.
http://www.lavozdegalicia.es/opinion/2010/12/16/0003_8912436.htm
