Zapatero oculta sus leyes más polémicas en el BOE para eludir a la opinión pública
Alberto Mendoza, 28/12/2010
Por la puerta de atrás. Así ha tratado de resolver el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la legislación de las materias más controvertidas que ha abordado en 2010. Desde la ley Sinde a los controladores aéreos, pasando por las ayudas a las concesionarias de autopistas. El Ejecutivo ha tratado de camuflar estas medidas en proyectos de ley sin ninguna conexión temática, como la regulación del servicio de correos. A este singular modo de gobernar en democracia hay que añadir el continuo recurso a los decretos y a los vetos, que han terminado por irritar a toda la oposición.
El último ejemplo de esta práctica es la aprobación, el pasado 21 de diciembre, de la Ley del Servicio Postal Universal. Pese a que esta norma versa sobre los derechos de los usuarios y la sostenibilidad financiera de Correos y Telégrafos S.A., finalmente se aprobó introduciendo las ayudas a las concesionarias de autopistas. Aprovechando las enmiendas introducidas en el Senado, se autorizó una cuenta de compensación para estas sociedades con niveles de tráfico inferiores a lo previsto. Para ello, el Gobierno aportará 80,1 millones en 2011.
Por si fuera poco, la ley postal también absorbió una disposición en materia de puertos de interés general y de la Marina Mercante, así como otra norma para “la realización de los rellenos en el dominio portuario del Puerto de Bilbao contemplados para el desarrollo urbanístico de Zorrotzaurre”, según explica una nota de prensa del Congreso. Así, para el Gobierno socialistas, todas las leyes sirven para todo, obligando a los grupos que las respaldan en la Cámara a votar paquetes de medidas sin coherencia temática.
Los controladores aéreos también han experimentado esta estratagema del Ejecutivo. Sus nuevas condiciones se escondieron el 23 de octubre en la ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que regula la cooperación internacional. Tras legislar sobre los fondos de ayuda al desarrollo para terceros países, se añadió una disposición final segunda para establecer que los controladores puedan seguir trabajando después de los 57 años. Y, en un nuevo requiebro, una disposición final cuarta para regular los mandatos en las cajas de ahorro y la adaptación de sus órganos de gobierno.
Asimismo, los controladores descubrieron el 3 de diciembre que el decreto que regulaba sus horas de actividad aeronáutica se confundía con un sinfín de medidas como la liberalización de AENA y de Loterías y Apuestas del Estado; el incremento del impuesto sobre el tabaco; nuevas regulaciones para las tecnologías eólicas y solar; o el alivio fiscal para PYMES.
El Constitucional, entre el tamaño de las papeletas del Senado
El 16 de noviembre aparecía en el BOE otra macedonia legislativa. La creación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales incluía sorpresivamente una modificación de la ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. Un cambio que afecta a las notificaciones telemáticas y publicación de las sanciones.
El pacto entre PSOE y PP para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, por el que se descontará al mandato de los nuevos magistrados el retraso con el que se incorporan a su cargo, también acabó incrustado en una norma sobre el “desmesurado tamaño de las papeletas” del Senado.
Los ejemplos abundan, aunque ha sido la Ley de Economía Sostenible el paradigma de los cajones de sastre que han llegado al Parlamento. Lo que debía convertirse en el eje de la recuperación económica en España quedó eclipsada por la polémica ley Sinde, una disposición final, añadida desde Moncloa, que se estrelló la semana pasada en el Congreso.
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