El plan para privatizar AENA exige el traspaso inmediato de los trabajadores

El Gobierno ha apremiado una solución rápida a los negociadores de Fomento y de AENA en el conflicto que ha puesto en frente a esta empresa pública y a sus 11.000 trabajadores afectos al convenio general. Lo ha hecho por razones estrictamente políticas que, en todo caso, se suman a la preocupación por el efecto negativo que las 22 jornadas de huelga convocadas entre abril y agosto ha venido produciendo sobre las expectativas de éxito de la temporada turística.

Fuentes conocedoras del proceso señalan que el Ejecutivo es cada día más consciente de lo apretado del calendario que le queda por delante para que pueda dar cumplimiento a las previsiones de la primera fase de la privatización parcial de la gestión del sistema aeroportuario, que él mismo ha planteado.

La conflictividad anunciada por los sindicatos UGT, CC OO y USO no ha hecho sino demorar la puesta en marcha de un proceso que ya ha nacido con un calendario muy apretado. Hay que recordar que fue en diciembre de 2010 cuando el Ministro de Fomento propuso, para su aprobación del Consejo de Ministro, el plan de privatización parcial de AENA, y el pasado mes de febrero fue cuando el Gobierno dio luz verde a la creación, como empresa mercantil, de AENA Aeropuertos.

El conflicto entre la empresa que preside Juan Lema y sus 11.000 trabajadores del convenio general ha sido una mala noticia para la temporada turística, pero también para el plan de privatización del Gobierno, porque la primera medida del proceso, necesariamente, es el traspaso de unos 7.000 empleados a la nueva sociedad anónima.

Estos son solo los primeros pasos, porque queda mucho trabajo que realizar antes de que se echen encima los comicios legislativos de 2012.

La licitación de la gestión de los servicios de control de la aproximación de las aeronaves en 13 torres de control de aeropuertos de AENA está ya lanzada y se estima que el proceso debe estar concluido a final de año. La autorización para constituir AENA Aeropuertos ya ha sido facilitada por el Consejo de Ministros y la enajenación hacia manos privadas del 49% de su capital puede hacerse en diferentes fases, alguna de las cuales podría ser acometida por el Gobierno que salga de las elecciones generales de 2012.

Más complicaciones de calendario plantean los concursos de licitación de las concesiones de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Si el proceso se retrasa, los réditos políticos y económicos escaparán de la mano del actual Gobierno.

En este rápido desenvolvimiento del plan para el cambio del sistema aeroportuario, ACS, FCC, Ferrovial e Indra inician mañana la carrera por hacerse con la gestión de una o varias de las 13 torres de control que el Gobierno ha decidido poner en manos privadas. Estos grupos, en algunos casos junto a aliados internacionales que se han ido dando a conocer, tiene previsto presentar el jueves a AENA la solicitud para participar en el concurso público por el que adjudicará las torres.

A continuación y en el plazo de dos semanas, la empresa que preside Lema seleccionará y dará a conocer, entre los candidatos, la lista corta de las invitadas a participar en el proceso y a presentar ofertas.

El Gobierno prevé tener adjudicado el primer lote de las 13 torres de control en el mes de septiembre. El objetivo es que se inicie el ejercicio de 2012 con la gestión privatizada del control de aproximación en los aeropuertos de Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, La Coruña y Melilla.