Ferrovial, imputada por corrupción en Cataluña mientras «concursa» por las torres de control
Imputado el ex-tesorero de CDC por comisiones ilegales en el ‘caso Palau’
El juez llama a declarar al directivo que era el «enlace» de Millet en Ferrovial – La oposición exige explicaciones inmediatas al presidente Artur Mas
JESÚS GARCÍA / MIQUEL NOGUER – Barcelona – 18/03/2011
El caso Palau le ha estallado de nuevo en la cara a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y esta vez como partido de Gobierno. El juez que investiga el desfalco de la entidad musical catalana imputó ayer al extesorero del partido nacionalista Daniel Osàcar por el presunto pago de comisiones irregulares que Convergència recibía a través del Palau a cambio de la adjudicación de obras públicas al grupo Ferrovial. La decisión judicial ha puesto en jaque a Convergència y ha desatado una tormenta política.
Además de a Osàcar, el juez ha citado a declarar como imputados al directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura; a dos responsables de la empresa GPO Ingeniería, Emilio Vidal y Álvaro Palao; a los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, y a la hija de este, la exadministradora Gemma Montull. Las imputaciones forman parte de una pieza separada del caso Palau, por el que se investiga el desfalco de unos 35 millones del Palau de la Música.
Según el auto judicial, el objetivo de la investigación es conocer «el destino real de las donaciones realizadas por Ferrovial al Palau de la Música» entre 2001 y 2008. El juez considera que hay indicios para pensar que las aportaciones eran, en realidad, «contraprestaciones» en las que los responsables del Palau actuaban como intermediarios en la adjudicación de obra pública a la constructora.
Los peritos judiciales de la Agencia Tributaria señalan que las partidas que podrían haber servido para satisfacer comisiones de CDC suman 2,33 millones. En esos informes aparecen cifras ligadas a un tal «Daniel», que presuntamente sería Daniel Osàcar. El auto cita como ejemplo un documento de 2008 en el que se indica que «Daniel» recibió 675.855 euros. Ese dinero iba a parar, supuestamente, a CDC y a entidades afines, como la Fundación Ramon Trias Fargas.
En ese entramado, Millet desplegaba «una amplia actividad en dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras y apremiando a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas». En el ordenador de su lugarteniente, Jordi Montull, apareció información sobre la adjudicación de las obras de la Ciudad de la Justicia.
Buenaventura era la «persona de contacto» de Millet en la constructora. El saqueador confeso del Palau le envió cartas comprometedoras. En una de ellas, de mayo de 2002, le informó de la adjudicación de un pabellón deportivo en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Lo hizo antes de que finalizasen los trámites y precisaba, incluso, el monto exacto de la operación. La carta termina así: «Creo que sería conveniente que comentáramos el tema lo antes posible».En otro escrito de la misma fecha, aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de la adjudicación del pabellón. Ese mismo porcentaje figura también en las obras de la Ciudad de la Justicia y en la adjudicación de las obras de la línea 9 del metro. El juez, Miguel Ángel Tabarés, ha pedido abundante documentación -en algunos casos, con una «cronología detallada» de las resoluciones administrativas- de estas tres obras para averiguar si hubo irregularidades.
Tabarés ha resuelto en apenas tres días las peticiones de la fiscalía de imputar a diversas personas por el cobro de comisiones, celeridad que contrasta con la lentitud de su antecesor en la investigación, Juli Solaz. El nuevo juez del caso Palau ofrece al Orfeó Català y a la Fundación del Palau de la Música que se personen en la causa «en calidad de perjudicados» por el desvío económico.
La fiscalía también había solicitado la imputación de los responsables de las empresas Altaforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic, que facturaron, supuestamente, casi dos millones al Palau por trabajos que, según los gestores de la entidad musical, nunca se realizaron. El juez considera que, por ahora, no es necesario. Sí ha atendido, en cambio, la petición de que acudan a declarar como testigos diversas secretarias de Millet y Montull, así como la ex directora general del Palau, Rosa Garicano.
La oposición en bloque exigió ayer explicaciones al líder de Convergència y presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien optó por permanecer en silencio. En su lugar, el portavoz de CiU en el Parlamento, Oriol Pujol, salió en defensa de Osàcar, que fue administrador del partido hasta el pasado noviembre. La salida de Osàcar fue disimulada entonces con la marcha el mismo día de otro peso pesado de Convergència, David Madí, que fue secretario de comunicación del partido.
En las filas de Convergència había temor porque lo ocurrido ayer podía pasar en cualquier momento. Sin embargo, la decisión del juez coge al partido en un momento delicado: necesitado de apoyos parlamentarios para aprobar los grandes recortes y a las puertas de la campaña electoral para las elecciones municipales.
La oposición, comenzando por el PSC, mantiene que más preocupado debe de estar el Gobierno. Ni el Partido Popular, que busca acercarse a CiU desde hace semanas, dejó pasar la imputación del extesorero de Convergència: el diputado Pere Calbó dijo que Mas debe dar explicaciones «de forma inmediata». En las filas de la izquierda vieron la decisión del juez como la justificación de la larga comisión de investigación parlamentaria en la que CiU siempre eximió a Osàcar de cualquier vinculación con elcaso Palau. «Ahora es el juez el que cree que el Daniel de las libretas es Daniel Osàcar», dijo la diputada ecosocialista Dolors Camats. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, apuntó directamente al presidente de la Generalitat: «Ni Artur Mas ni Convergència pueden seguir escondiéndose tras esta imputación».
Una resolución judicial contundente
– Las donaciones de Ferrovial. «Parece deducirse que, en realidad, se trataba de contraprestaciones de esa empresa [Ferrovial] por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ellas. Y ello sin perjuicio de que los intermediarios también pudieran obtener algún beneficio».
– El rol de Millet. «Su posición no ha sido la de un simple mediador pasivo que cobra las cantidades (…). Reclama la adjudicación de obras y apremia a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas».
– Las cartas a Buenaventura. «Fèlix Millet dirige varios requerimientos a Pedro Buenaventura para que cumpla con los compromisos económicos de Ferrovial, manifestándole en algún caso de manera críptica que ‘es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes».
– Los pagos de Daniel. «La mención a esa fundación [Ramon Trias Fargas] aparece precisamente en la columna de Daniel. Estas circunstancias conducen a pensar, tal como se hace en el informe, que el tal Daniel sea Daniel Osàcar». «Los pagos que realizaba Ferrovial al Palau estaban vinculados, en todo o en parte, a la Fundación Trias Fargas».
El juez ve probado pagos de Ferrovial por obras públicas
Mireia Corchón
El juez que investiga el desvío de fondos del Palau de la Música no deja espacio a la duda. Ferrovial hizo de su condición de patrón de esta institución una plataforma para ganar contratos de obra pública millonarios en Cataluña en anteriores gobiernos de CiU.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés Cabezón, ha decidido imputar al que fue hombre fuerte de la constructora de la Familia del Pino en Cataluña: Pedro Buenaventura.
En su auto, considera que de las donaciones de Ferrovial, cerca de 13 millones en el periodo comprendido entre 1997 y 2008, «puede deducirse que en realidad se trataba de contraprestaciones de esa empresa por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ella. Y ello sin perjuicio de que los intermediarios pudieran obtener algún beneficio«.
Benaventura inició su andadura profesional en la constructora en 1985. Desempeñó diversos cargos en Ferrovial, entre ellos el de director general de la división de construcción hasta que en 1999 fue nombrado director regional de Cataluña. Desde 2006, ya no está en nómina de la compañía. Durante la etapa de Buenaventura como máximo representante de la compañía en esta comunidad autónoma mantuvo una estrecha relación con Félix Millet, presidente del Palau y presunto saqueador de la institución catalana.
Ayer, Ferrovial no quiso pronunciarse sobre la imputación de un exdirectivo de la casa. Desde que estalló el escándalo del presunto pago de comisiones a Convergencia, la compañía ha dicho ser «ajena» al destino que la empresa dio a sus aportaciones en concepto de patrocinio.
Precisamente, Millet era quien actuaba de puente entre la constructora y diversos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC): Carles Torrent y Daniel Osàcar, que también ha sido llamado a declarar. Éstos a su vez movían los hilos para lograr que Ferrovial obtuviera contratos públicos.
El peaje, no obstante, que debía pagar Ferrovial era, presuntamente, hacer efectivo un 4 por ciento (que se repartían Millet y los dos miembros del partido nacionalista) sobre la cuantía total del presupuesto de la obra.
Relación Millet-Buenaventura
En la documentación remitida ayer por el juzgado (que tiene un nuevo titular tras la marcha a Madrid del anterior, Juli Solaz) queda probada la estrecha relación entre Millet y Buenaventura mediante el intercambio de diversas cartas y faxes, lo que lleva a determinar que «esta dinámica, de ser cierta, el Palau de la Música no habría sido el destinatario real de las donaciones sino el cauce por el que se hacía llegar a su verdadero destino».
Millet, en opinión del juez, no tenía una posición de simple mediador. «Cobra cantidades a quien debe satisfacerlas Ferrovial-Agromán y las entrega, quizás, a personas vinculadas con la Administración Pública adjudicante». Además, el auto señala que Millet «despliega una amplia actividad en los dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras por un lado, y apremiando a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas«.
Otro de los que deberá declarar como imputado es el extesorero de CDC, Daniel Osàcar. El juez lo interrogará para conocer su grado de implicación en la trama y sobre el presunto cobro de estas comisiones que canalizó Ferrovial a través del Palau (ya fuese mediante la Asociación o a través de la Fundación).
Desvío de fondos a CDC
El juez cree que de la documentación incautada se desprenden indicios de su participación en el desvío de fondos así como la de otro también extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005 y al que sucedió Osàcar. Éste último también ocupó cargos de responsabilidad en la fundación Trias Fargas, ligada a Convergencia.
El juez sustenta su argumento en una documentación incautada a Gemma Montull, hija de Jordi Montull (la mano derecha de Millet) y exdirectora Financiera del Palau. En la nota, fechada en 2008, se desprende que Ferrovial entregó al Palau al menos 1.081.822 euros, de los que fueron destinados 675.855 euros a «pago Daniel» (en referencia al extesorero de CDC), 248.433 euros a «cobrar GPO» (ingeniería catalana cuyos responsables también están imputados) y 157.594 euros a la Fundación del Palau. Un informe de la Agencia Tributaria del pasado julio cifró en 5,9 millones de euros las cantidades de Ferrovial que fueron a parar a Convergencia a través del Palau.
Osàcar, que conoció su imputación en un acto público acompañado por el presidente catalán, Artur Mas, reconoció que «podía pasar» que le imputaran por los presuntos pagos irregulares . «No estoy preocupado», se limitó a añadir ante los periodistas, aunque rechazó que le grabaran las cámaras. El extesorero de Convergencia está siendo arropado por sus compañeros de partido.
El diputado de CiU, Jordi Turull, se mostró convencido de «la absoluta honestidad de Daniel Osàcar, y consideró que la imputación le permitirá defenderse mejor ante «el linchamiento público al que ha estado sometido».
La oposición apunta a Mas
No son de la misma opinión, el resto de partidos del Parlamento catalán. El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, dijo que «ha llegado la hora de que CDC dé la cara y hable claro y diga a la ciudadanía de Cataluña si siguen manteniendo la tesis de que nunca se financiaron a través del Palau de la Música. Son demasiados meses intentando negar la evidencia».
En este sentido, pidió que Artur Mas, como máximo responsable de CDC, deje claro si hay algo de cierto en lo que está investigando la justicia, ya que tiene «la responsabilidad política de haber confiado en el señor Osàcar cuando lo nombró tesorero de CDC».
Por otro lado, el portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Pere Calbó, también exigió responsabilidades a Mas «de lo que supone la imputación y qué medidas piensa tomar». Por su parte, el diputado de ERC en el Parlament, Pere Bosch, ha exigido explicaciones a CDC por la imputación de su extesorero, que los republicanos consideran «de gran trascendencia en el proceso».
El juez no ha señalado las fechas de las declaraciones, pero ha ordenado que vuelvan a declarar los peritos que emitieron el informe de Hacienda y ha aceptado varios testimonios pedidos por la Fiscalía, como Rosa Garicano, exdirectora general del Palau.
