Corrupciones socialistas: Pepiño, Extraco y sus amiguitos
DAVID VIGARIO / Mérida
Extraco también logró obras en Extremadura
Se presentó de la mano de Arcoex, afín al PSOE regional
Corresponsal
Los tentáculos de la constructora gallega Extraco, que preside Pablo Prada -amigo personal del gerente del PSOE, Xoán Cornide-, se extienden hasta Extremadura de la mano de Arcoex, otra empresa bajo sospecha por beneficiarse de adjudicaciones millonarias tras entrar en ella como accionistas el ex presidente del PSOE de Extremadura Federico Suárez y un ex director general, Antonio Olivenza Pozas, como desveló EL MUNDO el pasado 9 de enero.
En total, la Consejería de Fomento otorgó en 2010 tres obras por valor de 3.372.143,88 euros a estas empresas, que concurrieron de forma conjunta. No hay constancia de que antes de la llegada de los ex altos cargos socialistas al Consejo de Administración de Arcoex, Extraco se presentara a concurso alguno en Extremadura.
La primera adjudicación se produjo, según el Diario Oficial de Extremadura, el 8 de enero de 2010 para la «prolongación de la carretera EX321 circunvalación de Zafra, tramo EX320-N-432» a la UTE formada por Arcoex y Extraco. La concedió, como en los otros casos, la Consejería de Fomento y el importe fue de 1.063.848,76 euros. El modelo de financiación corresponde en exclusiva a la Junta de Extremadura.
En el mismo mes, se publicó la adjudicación de la obra de «refuerzo del firme de la carretera EX204, tramos Torrecilla de los Ángeles-Pinofranqueado e intersección La Pesga, límite provincial de Salamanca». Supuso 2.308.041,56 euros, también pagados en su totalidad por la Junta.
En tercer lugar, la Consejería de Fomento resolvió el 23 de junio de 2010 adjudicar a la misma UTE la «implementación de instalaciones en los demostradores experimentales del proyecto Edea» por 253.556,26 euros financiados, en parte, con fondos europeos.
EL MUNDO ha publicado que Arcoex recibió jugosos contratos de la Junta de forma continuada desde que se incorporara a ella, primero como apoderado y luego como socio, Antonio Olivenza Pozas, ex diputado nacional y ex senador que fue director general de la Consejería de Bienestar Social cuando la dirigía Leonor Flores. Ésta es, a su vez, esposa de Federico Suárez, presidente del PSOE extremeño hasta 2008 y mano derecha de Ibarra durante casi 30 años, además de presidente de la Asamblea de Extremadura hasta junio de 2007. Suárez se incorporó a Arcoex como accionista y miembro del Consejo de Administración el 21 de junio de 2010.
El artículo 6 de la Ley autonómica de Incompatibilidades 5/1985 prohíbe a los ex altos cargos licitar y/o recibir adjudicaciones en los dos años tras su cese. Olivenza fue nombrado director general por Leonor Flores, que dejó su cargo el 20 de julio de 2007, pero la sociedad recibió en los dos primeros años cinco adjudicaciones y llegó a 22, algunas puestas en duda por el Tribunal de Cuentas, hasta 2010, por 9.371.279 euros.
La Junta de Extremadura señaló ayer que las adjudicaciones a Arcoex «siempre han estado ajustadas a la más estricta legalidad vigente» y que la empresa «no está incursa en ninguna causa de prohibición para contratar con las administraciones públicas». Pero Luis A. Hernández Carrón, portavoz del PP, mostró en rueda de prensa un documento que acredita que Olivenza firmó el 31 de enero de 2008, menos de dos años después de su cese, una certificación de una obra de la Junta como apoderado solidario de Arcoex.
C. SEGOVIA / Madrid
La Fiscalía desconocía el ‘mail’ de Cornide
El archivo de Anticorrupción se basó en los datos que recabó en 2009 y no es definitivo
La Fiscalía Anticorrupción desconocía la existencia de correos electrónicos de respuesta del gerente del PSOE, Xoán Cornide, al presidente de Extraco, Pablo Prada, cuando archivó el caso en abril de 2010, según aseguraron a EL MUNDO fuentes jurídicas de toda solvencia.
En todo caso, el archivo no es irreversible. «El archivo de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción en este caso no es definitivo, porque no ha habido sentencia judicial», explicaron las citadas fuentes. Además, no ha prescrito, por lo que si la Fiscalía detecta novedades significativas o se produce una querella por parte de algún perjudicado, el caso sería reabierto.
La Fiscalía recabó en el otoño de 2009 27 correos electrónicos de Prada a Cornide descubiertos en una inspección por sorpresa de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y en ellos sólo había peticiones de Prada no respondidas por Cornide. La Fiscalía trabajó el caso durante casi seis meses, según el escrito que remitió a Fomento. Al considerar que el gerente del PSOE no respondía y que Extraco no había sido masivamente adjudicataria de contratos no detectó materia penal para seguir.
Por eso, cuando Fomento difundió el pasado día 14 que la Fiscalía había archivado el caso se refería a la decisión de abril de 2010 de no practicar más diligencias basadas en la información disponible entonces, según las citadas fuentes jurídicas. EL MUNDO publicó, sin embargo, el pasado día 12 un correo electrónico que demuestra que, al menos una vez, Cornide respondió afirmativamente a las peticiones de Prada y mostró por escrito su disposición a «empujar» las ofertas de Extraco para lograr contratos públicos. ¿Basta esa prueba para reabrir la investigación? Las fuentes jurídicas se remiten al Código Penal. El artículo 429 ve delito en «el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste». Si Cornide cumplió lo que prometió a Prada e hizo gestiones, entraría en este supuesto aunque no hubiera logrado obras para Extraco. Cornide sostiene que se ofreció a «empujar» por «cortesía», pero que no hizo gestiones.
DANIEL ÁLVAREZ / Palma
La nueva vicepresidenta del partido, imputada
El juez del ‘caso Cloaca’ encausa a la ex consejera de la gestión de las basuras
El juez del caso Cloaca, último escándalo de corrupción destapado en un departamento controlado por UM, que investiga un supuesto desvío de entre 1,5 y 3 millones de euros públicos en la gestión de la recogida de basuras de Mallorca, ha citado a declarar como imputada a la vicepresidenta y portavoz de la llamada nueva UM, Catalina Julve.
Con ella, está imputado casi al completo el equipo de consejeros -todos menos uno- del Consell de Mallorca presidido la pasada legislatura por Maria Antònia Munar, también ex presidenta del Parlament,que está en libertad bajo fianza de 350.000 euros. Uno de ellos, Bartomeu Vicens, ya está en prisión.
El caso de Julve, que también ha sido consejera insular con el PSOE en esta legislatura, hasta que su partido fue expulsado del Gobierno, supone la primera imputación a un dirigente de la nueva UM, que ayer salió en defensa de su inocencia.
La que fuera responsable política de la gestión de residuos entre 2006 y 2010 declarará el lunes como imputada por las irregularidades detectadas en su departamento, tras una denuncia de sus antiguos socios del Bloc. También están imputados otros dos miembros de UM, el ex director de Residuos Guillem Riera y un dirigente del partido en Manacor, Simón Galmés, a los que el juez ha retirado el pasaporte para que no puedan abandonar el país.
La Fiscalía acusa a UM de haber pactado con las concesionarias de la recogida de basuras el pago de «trabajos que no hacían», según un informe del Consell. También investiga los «9.000 euros mensuales» que le pagaban a Galmés por un teórico servicio de control y si ese dinero sirvió para financiar al partido.
La cúpula de UM, a la que el PSOE lleva un mes cortejando para reeditar un pacto tras las elecciones y con la que el PP tampoco descartaba ayer una alianza, niega haber recibido «un solo céntimo». Y, para ganar tiempo a la espera de ver qué pasa con Julve, está incumpliendo su propio código ético. Prometió suspender a los afiliados que estuvieran imputados y sobre los que pesaran medidas cautelares, como es la retirada del pasaporte decretada para Riera y Galmés. Ahora reinterpreta sus normas alegando en privado que es una medida menor y aplaza cualquier actuación.
ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma
UM usó su sede de ‘caja fuerte’
El partido de Munar custodió las comisiones en sus oficinas
Unió Mallorquina (UM) utilizó su propia sede para custodiar las comisiones que cobraba en efectivo a sus proveedores y con las que posteriormente financió la pasada campaña electoral.
Algunos de los principales contratistas del Consell de Mallorca, que presidía la histórica líder de la formación nacionalista Maria Antònia Munar, realizaban entregas de sobres en mano a las secretarias de sus altos cargos durante los meses previos a los comicios autonómicos y municipales de 2007, en los que UM obtuvo tres diputados que acabaron convirtiéndose en la llave para que el PSOE de Francesc Antich lograse el Gobierno de Baleares.
Acto seguido, y según confirman a EL MUNDO fuentes próximas a la investigación de la denominadaoperación Maquillaje, en la que se rastrea la financiación ilegal del partido, las secretarias tenían orden de sus superiores políticos de depositar el dinero en la sede central de la formación política.
Entre quienes entregaban en mano los fondos se encontraban las administradoras de la productora audiovisual Video-U, adquiridas mediante testaferros por Munar y su delfín Miquel Nadal, y a la que desviaron cinco millones de euros públicos del Consell de Mallorca mediante el pretexto de programas de radio y televisión que nunca se llevaron a cabo.
Una vez en el partido, se colocaban en casilleros sobres con cantidades que rondaban los 300 euros con los nombres de los activistas de UM que se encargaban de pedir el voto puerta a puerta y que, en el seno de la formación nacionalista, fueron bautizaron como biblieros. Con el resto del dinero en efectivo se abonaba todo tipo de gastos derivados de los comicios, desde cenas a los catering de los mítines que se organizaban. Los administradores de la productora Video-U ya han comunicado a la Fiscalía su intención de revelar estos hechos.
MARISA RECUERO / Madrid
Controladores exigen al fiscal que investigue el caso del CNI
El conflicto de los controladores no ha terminado. El colectivo decidió ayer emprenderla contra el Gobierno en el caso del presunto espionaje que el Centro Nacional de Inteligencia está realizando a algunos de los miembros de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), según reveló EL MUNDO el pasado 19 de diciembre.
El presidente del sindicato, Camilo Cela, y uno de sus portavoces, César Cabo, pedirán «amparo» al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que investigue el presunto espionaje del CNI.
A través de un escueto comunicado, sin el membrete de la Usca -ambos controladores quieren desmarcar esta iniciativa del sindicato-, Cela y Cabo, «a título particular», advirtieron de que el hecho de que los ciudadanos puedan ser investigados por los servicios de seguridad del Estado «es algo lo suficientemente grave» como para que intervenga el fiscal.
Ambos controladores entregarán hoy sendas cartas en el registro de la Fiscalía, reclamando ser recibidos por «la máxima autoridad» de esta institución. La denuncia se produce en medio de la negociación del segundo convenio colectivo y apenas una semana después de que se nombrara a un árbitro para poner paz entre las partes.
MANUEL MARRACO / Madrid
La Fiscalía pide cerrar la causa por la crítica de Villarejo al TS
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer al juez Pablo Ruz que archive la causa contra el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo por injurias y calumnias al Supremo.
El Ministerio Público considera que sus palabras sobre la decisión de juzgar a Baltasar Garzón por la causa del franquismo, o bien no atribuyen al TS un delito con la suficiente precisión, o bien están amparadas por la libertad de expresión. Villarejo dijo que el TS se había constituido «en instrumento de la actual expresión del fascismo español» y habló de complicidad «hasta el último día de las torturas infligidas por la brigada político social».
El escrito fiscal deja un puyazo para Villarejo, cuando dice que su «crítica, dura y áspera» a la complicidad de jueces y fiscales con las torturas del franquismo es «sólo entendible desde una perspectiva en cierto modo autocrítica», en referencia a que Villarejo arrancó su carrera de fiscal durante la dictadura.
