La cuenta de resultados económicos del aeropuerto de La Palma no invita al optimismo, aún con la inminente puesta en uso de unas nuevas instalaciones aeroportuarias que han costado 225 millones de euros, para un supuesto tránsito de 3 millones de pasajeros (actualmente es de un millón) y 14 operaciones aéreas por hora.

Según los números dados a conocer por Aeropuerto Españoles y Navegación Aérea (Aena), dependiente del Ministerio de Fomento, el aeródromo insular pierde al año 14,6 millones de euros. La instalación ingresa cada año 7,09 millones de euros entre servicios aeroportuarios y comerciales, pero los gastos de explotación llegan a 19,35 millones.

Esto convierta al aeropuerto de La Palma en el más deficitario de Canarias y uno de los que peores resultados financieros obtiene en el estado español, en donde Aena controla un total de 47 aeródromos mediante gestión pública, 8 de ellos en el archipiélago canario. Eso, pese a la implantación de un plan de austeridad y la reforma del sistema aéreo de navegación.

La cuenta de resultados económicos, ingresos y gastos de La Palma no ha variado en los últimos años, se mantiene en los mismos niveles. Hay otros tres aeropuertos deficitarios en Canarias (Tenerife Norte, La Gomera y El Hierro), pero han reducido sus pérdidas para situarlas entre 5 y 7 millones de euros al año.

Así, los gastos de explotación del aeropuerto palmero son considerables. Estos se concentran, básicamente, en el coste de personal, con 5,57 millones, y un coste de los servicios de 6,26 millones. También se contabilizan gastos en amortizaciones (5,78 millones) y en déficit de tarifas de aproximación (1,73 millones), junto con 2,4 millones en negativo como resultado financiero.

Por otra parte, la cifra de ingresos por negocios asciende a 5,05 millones, de los que 3,11 millones son por servicios aeroportuarios y 1,9 por servicios comerciales. A esto se suman casi 2 millones de ingresos que son excepcionales (principalmente subvenciones).

Deuda acumulada.– Según reconoce Aena en su informe, desde el punto de vista patrimonial, el aeropuerto de La Palma, que posee un activo fijo neto (valor de sus edificios) de 223 millones de euros, acumula una deuda imputable (deuda acumulada más amortizaciones de obras nuevas) de más de 224 millones de euros. También es el aeródromo con la mayor deuda de toda Canarias y una de las más cuantiosas de España.

Vuelos entre islas.- Esta entidad pública creada con el objetivo de gestionar los aeropuertos civiles de interés general, sitúa al aeródromo palmero como una instalación «que depende en gran medida de los dineros públicos, debido principalmente a que un 80% del tráfico que soporta es interinsular, con un bajo porcentaje de tráfico internacional o nacional. Esta situación provoca una considerable reducción de ingresos, por la mayor incidencia del descuento por residente del que se benefician los pasajeros canarios. Por tanto, es un servicio público básico cuyo beneficio se limita al ámbito social».

Tarifas y tasas.- Cada compañía que vuela a La Palma paga una serie de tarifas y tasas aplicadas en función de los servicios de navegación que recibe y la utilización del dominio público, como en cualquier aeropuerto. Pero, en esta Isla, estos servicios aeronáuticos tampoco son de los más costosos. Destacan la tarifa de ruta (63,18 euros), de aproximación (154,10 euros) de aterrizaje (19,40 euros por operación nacional o 5,2 para interinsular) de seguridad (2 euros por pasajero nacional y 0,35 interinsular), por estacionamiento de aeronaves (6,99 euros) y utilización de infraestructuras para pasajeros (3,50 euros nacional y 1,24 entre islas), entre otras. La lista de cobros es inmensa, pero insuficiente para cubrir los gastos.

Explotación comercial.- El aeropuerto palmero tampoco destaca por el número de concesiones de negocios particulares. Las explotaciones comerciales que se rigen por acuerdos contractuales a penas generan 2 millones de euros de ingresos. Estos se ejecutan en tiendas libres de impuestos, bares o restaurantes, coches de alquiler, parking, autoservicios bancarios, máquinas expendedoras, vallas de publicidad y otras concesiones.