La firma pública rescindirá las concesiones de la empresas que no acepten el nuevo modelo. Firmas como Vips, Aldeasa y Áreas están así pendientes de un negocio que mueve 600 millones al año.
Los responsables de Aena, centrados en la venta parcial de la compañía, han dado un ultimátum a las empresas concesionarias que operan en sus aeropuertos para adaptarse a la privatización. La decisión ha levantado ampollas entre algunas firmas afectadas, que ya han puesto este asunto en manos de sus abogados.
Se trata de un negocio de casi 600 millones en el que participan sociedades como Aldeasa, Autogrill, Dufry, Áreas, la estadounidense SSP, Vips, McDonald’s, Burger King, Inditex y El Corte Inglés, entre otros. Algunos de estos grupos se están replanteando su relación con el gestor aeroportuario público.
Según un escrito enviado por Aena el pasado 5 de mayo, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, las 1.300 empresas que trabajan en los aeródromos deben decidir si aceptan transformar su concesión en un contrato de arrendamiento de Aena Aeropuertos, lo que supone pasar de una jurisdicción contencioso-administrativa al Código Civil.
Si no responden hoy, la empresa dependiente del Ministerio de Fomento rescindirá unilateralmente la relación contractual. Según las compañías consultadas, la rescisión lleva aparejada la asunción de todos los costes de demolición, cesión de la fianza (equivalente a un año de canon) y a los gastos de personal por desaparición de actividad.
Aena sostiene que el cambio sólo se hace para adaptar los contratos al nuevo titular de los aeropuertos y que no modifica en nada las condiciones de éstos (derechos y obligaciones). “Con la nueva empresa, los aeropuertos pasan de ser un bien público a uno privado, por lo que cambia el régimen jurídico”, aclaran en Aena.
La medida afecta a todas las empresas que tienen contratos con el hólding. Desde las aerolíneas que gestionan las salas VIP a las empresas de alquiler de vehículos, pasando por los establecimientos de restauración o los quioscos.
“Quedará automáticamente extinguida la concesión por desistimiento unilateral del concesionario (…), procediéndose a su liquidación”, dice la carta firmada por Eugenio Monje, director de Contratación de Aena. La liquidación lleva aparejada que “no se reconocerá derecho alguno de indemnización al concesionario, el cual, además, deberá demoler las obras, construcciones o instalaciones a su costa”, subraya la misiva.
Crisis
La decisión de Aena se produce en un momento delicado para muchas empresas que trabajan en los aeropuertos, ya que la caída de pasajeros desde 2008 ha reducido los ingresos previstos. Algunas firmas pretendían aprovechar el cambio de modelo para renegociar las condiciones del contrato y conseguir que Aena abaratase el canon.
La situación es especialmente delicada en los espacios comerciales de la Terminal 4 de Barajas o en la nueva terminal del aeropuerto de El Prat, donde las compañías hicieron ofertas muy agresivas para adjudicarse las concesiones y, ahora, las ventas no son suficientes ni siquiera para cubrir los pagos del canon. “Aena no acepta renegociar, por lo que, en algunos casos, lo más sencillo es aprovechar este resquicio legal para devolver la concesión”, asegura uno de los grupos afectados por el cambio de modelo.
Fuentes del sector apuntan que el grupo Vips (Starbucks y Tio Pepe) se está replantearon su permanencia en la T4; mientras que operadores como Aldeasa, The Eat Out y Áreas estarían dispuestos a aceptar el cambio de régimen. Para algunos, “hay quien está enredando en aguas turbulentas, pero este cambio está previsto en la Ley de Patrimonio del Estado y es correcto”.
Las cadenas de rent a car también han recibido el ultimátum de Aena y han dejado el asunto en manos de sus abogados. Varias compañías han dado un paso adelante y están discutiendo la posición que van a adoptar. Algunas fuentes no descartan retiradas por la gran caída del tráfico de viajeros y los altos costes de operar en aeropuertos. Sobre la mesa están los 85 millones que estas compañías abonan al gestor.
Un proceso que tendrá a los candidatos ocupados durante todo el verano
El primer paso en el proceso de privatización de Aena será la constitución de Aena Aeropuertos, que absorberá todos los activos del ente público. El 15 de junio, se elegirá el asesor financiero y se prevé que los pliegos de la licitación estén listos durante julio. De esta forma, los eventuales interesados en la operación –Abertis, Ferrovial, Globalvía (FCC-Caja Madrid), Fraport AG, Aeropuertos de París, GIP y Grupo Singapour, entre otros– trabajarán durante todo el verano. Fuentes de los concesionarios apuntaron ayer que Fomento está tratando de allanar el camino a los potenciales interesados por el hólding. “Estos grupos exigen a Aena que entregue el negocio limpio de polvo y paja”, recalcan.
Aena mete prisa a las empresas
La privatización parcial de Aena representa una oportunidad para el capital interesado en participar en el nuevo modelo de gestión de los aeropuertos españoles, pero también un quebradero de cabeza para aquellas compañías que ya tienen relaciones contractuales con el ente público.
Es el caso de las concesionarias que desarrollan actividades comerciales en sus instalaciones (Vips, Aldeasa, Dufry o McDonald’s…), que han sido apremiadas por Aena a adecuarse al nuevo escenario.
Eso pasa por transformar sus concesiones en contratos de arrendamiento de la nueva Aena Aeropuertos, so pena, si no responden ya mismo, de ver rota su relación contractual. Llegado el caso, no percibirían ninguna compensación y además deberían asumir los gastos derivados de su marcha.
Con independencia de las posibles repercusiones legales (muchas compañías afectadas han puesto a trabajar a sus equipos jurídicos), un ultimátum no es el mejor mensaje que se puede enviar a la inversión, y aún menos cuando se están cambiando las reglas de juego en mitad del partido.
Por mucho que Aena insista en que no varían las condiciones, sino el nombre del contratador, la misiva enviada por el gestor público a las empresas que operan en sus aeropuertos, tono conminatorio incluido, no les deja muchas opciones: o se pliegan al nuevo modelo o pueden despedirse de la concesión. No es, desde luego, un buen punto de partida para un proceso privatizador, que lo que exige por parte de la Administración es transmitir certidumbre y confianza, no inseguridad.
http://www.expansion.com/2011/06/02/opinion/editorialyllaves/1307050139.html
