La medicina de José Blanco
José Blanco está probando una de sus propias medicinas. De las más amargas que se vienen produciendo en la actividad política y su relación con la Justicia: la presunción de culpabilidad. Apedrear ante la opinión pública a todo aquel que aparece en un sumario, que es imputado por un juez, o que le acusa un coimputado. Aunque luego se demuestre su inocencia, que de momento tampoco es el caso de Blanco. Empezar por el daño. Que se lo digan al ex tesorero del PP, Luis Barcenas, imputado, acusado, vilipendiado, apartado de la política y luego inocente. O al diputado del PP, Gerardo Galeote. O tantos otros alcaldes y concejales de Ayuntamientos que han visto como eran detenidos, esposados, conducidos a la comisaría mas cercana con las cámaras de televisión detrás, y unos días más tarde puestos en libertad sin cargos. La presunción, no de inocencia, sino de culpabilidad.
Ahora el nombre de José Blanco aparece en un sumario. De hecho, la juez ya tiene, al parecer, todo preparado para enviar “exposición razonada” al Tribunal Supremo porque aparece implicado un aforado: el actual Portavoz del Gobierno, José Blanco. Como en casos similares de supuestas malversaciones y corruptelas, siempre hay un coimputado que “tira de la manta”. En este caso, el empresario de Lugo, Jorge Dorribio, que llevaba dos meses y medio internado en la prisión de Bonxe, acusado del delito de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. El industrial en cuestión decidió contar, según dice, la verdad de lo sucedido, autoinculpándose, pero lo cierto es que la juez como el fiscal accedieron a dejarle en libertad antes
400.000 euros para la empresa de su primo
Este empresario acusa a José Blanco de cobrar comisiones a cambio de favores. Según declaró a la juez, el ministro y número dos del PSOE hizo gestiones ante la Hacienda Pública para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionase con 467.267 euros a sus empresas, y también utilizó sus influencias ante el Ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos administrativos para comercializar los productos conocidos como “unidosis”. Según el empresario, el pago a Blanco lo hizo contratando los servicios de la empresa que le dijo el ministro: “Electricidad Espiñeira y Bran”, que es la empresa del primo político del ministro. Un pago de 200.000 euros en metálico y otros 200.000 a través de contratos inflados.
