AENA se niega a indemnizar a los usuarios por el cierre del espacio aéreo
Foto: El Presidente de AENA, Juan Ignacio Lema
EFE / El Mundo
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que AENA se ha acogido al artículo 1.903 del Código Civil que establece que la responsabilidad de una persona o entidad que debe responder de los daños causados por otro «cesará» cuando prueben que «emplearon toda diligencia» para prevenir el daño. Esta diligencia es más que cuestionable.
A la luz de las pruebas aportadas en su investigación por el diario El Mundo, AENA propició el cierre del espacio aéreo el pasado 3 de diciembre al manipular el cómputo de jornada de los controladores. Es más, estas pruebas ponen de manifiesto que la nefasta gestión de recursos humanos de AENA fue la que produjo el caos aéreo que mantuvo cerrados los aeropuertos durante 24 horas, afectando a más de 600.000 pasajeros y provocando el primer estado de alarma decretado en España en época democrática.
Fomento utilizó todos los recursos o amaños a su alcance para que el problema de Santiago no se extendiese al resto de España, así que el 3 de diciembre -día en que estalló el caos- aprobó una modificación del real decreto del 5 de agosto para descontar del cómputo de horas de trabajo las imaginarias, periodos de formación, permisos sindicales y ausencias por incapacidad laboral. El Gobierno maquilló la maniobra bajo el concepto clarificar la actividad aeronáutica. En poco menos de ocho horas -en concreto, a las 21.16 horas-, la nueva norma estaba en el Boletín Oficial del Estado con la firma digitalizada del Rey, que se encontraba en Buenos Aires. Tres horas después, a las 00.27 horas, el BOE publicaba la militarización del servicio de control aéreo.
Fuentes de la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, que representa a cerca de diez mil afectados, también han anunciado a Efe que han presentado a su vez un escrito en el que rebaten los argumentos de AENA. Esta asociación recurre al artículo 121 del Código Penal, que sostiene que los entes públicos, entre otros, «responden subsidiariamente de los daños causados». Dicho artículo fija también que la responsabilidad se puede exigir «siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados». Para la asociación de afectados, las alegaciones de AENA carecen de fundamento.
En el marco de las investigaciones por el cierre del espacio aéreo, la magistrada del juzgado número 3 de Madrid tomará declaración este jueves a la jefa del departamento de Operaciones de AENA, Mónica Palacios, el director de Navegación Aérea de la región centro-norte, Gabriel Novelles, y el jefe de División Regional de servicio de tráfico aéreo (ATS), Antonio Almodóvar, según han informado otras fuentes. La declaración de la ex directora de navegación aérea, Carmen Librero, también está prevista, así como la del presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, a petición de la defensa de los controladores.
Las declaraciones de los controladores de Santiago, origen del conflicto de las horas, siguen paralizadas tras el aporte por una fuente anónima de numerosa documentación interna de AENA. En otras circunscripciones, la vía penal contra los controladores ya ha sido archivada al no encontrarse indicios de delito.
