Para consolarnos, tres buenas noticias: Repsol, Loterías y AENA

Andrés de la Oliva, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense

En medio de tantas cosas tristes y lamentables y con tantas oscuras perspectivas, nacionales y mundiales, me parece conveniente recordar varias noticias francamente buenas. Muy bueno ha sido que fracasase el intento de desmembrar REPSOL -semejante a la operación por la que ENDESA pasó a control italiano- en beneficio del Sr. Rivero y para saldar sus muchas deudas del ladrillo, pero con peligro de pérdida del control nacional de una empresa española estratégica y sólida. Es excelente que ese peligro haya sido conjurado. No seamos imbéciles: más vale que las industrias importantes y estratégicas estén en nuestras manos (lo saben y lo practican muy bien en Francia y Alemania).

Muy buenas noticias han sido también los frenazos en seco de las privatizaciones de las Loterías del Estado y de AENA, la empresa pública responsable de los aeropuertos. Tal vez ocurrió que no estaba (ni está) el mercado bursátil en su mejor momento para las correspondientes operaciones, pero es de tener en cuenta, además, que toda privatización de cierta magnitud ha de mirarse con mucha desconfianza mientras la corrupción y, con ella, la opacidad y el engaño, estén campando a sus anchas como han venido haciéndolo y aún lo hacen. En el caso de Loterías del Estado, se trata de una buena fuente de ingresos directos para el erario público, que no empobrece a todos los ciudadanos, sino sólo a los que quieran echar una cana al aire de la suerte. No se veía por qué nos beneficiaría a todos que, a cambio del muy discutible precio de esa entidad, empezaran a beneficiarse unos pocos. Pero en el caso de AENA, lo que no entendía nadie era cómo podría interesar la compra de semejante mastodonte con muy graves problemas, lo que contribuía a la fundada sospecha de muchos “gatos encerrados” en la operación, porque hay unos cuantos aeropuertos que dan mucho dinero y otros, que lo pierden a mansalva.

Detrás y empujando las tres “operaciones” mencionadas, REPSOL, LOTERÍAS y AENA, es sabido que estaban al menos estos dos Ministros del “Gobierno de España”: D. Miguel Sebastián,  verdadera catástrofe en asuntos como el de la energía, renovables incluídas en primer lugar, y D. José Blanco, que había situado a sus amigos constructores en la cúpula de AENA, había manipulado hasta la náusea el asunto de los controladores (victimando en el mejor puente del año a cientos de miles de pasajeros) con su Decreto-encerrona, dinamitador de las negociaciones con estos profesionales, que cayeron en la trampa y fueron presentados demagógicamente como los máximos enemigos del pueblo. Pero las realidades acreditables se han ido imponiendo. Después del ilegal estado de alarma, puesto el conflicto en manos de un árbitro decente, el ex-Ministro Pimentel, los controladores vieron sustancialmente reconocidos sus derechos. De ese laudo de Pimentel se habló muy poco, en buena medida por ser un producto complejo de técnica-jurídica laboral, pero también porque nadie desde el “Gobierno de España” puso el menor interés en señalar cómo se daba la razón a los controladores en muchas cuestiones. Después, en la Justicia, no va a ser ningún controlador quien pague a los perjudicados, sino, si acaso se les paga algo, la pagana será AENA (o sea todos los ciudadanos), porque fue AENA la que ordenó el cierre del espacio aéreo español cuando más de la mitad de ese espacio estaba operativo y por qué AENA no podrá demostrar que, ante lo que han llamado “abandono de su puesto” por parte de algunos controladores (y, en la mayoría de los casos, no hubo tal abandono), AENA no siguió las reglas que debía seguir. Ningún controlador dejó aviones en el aire, a su suerte, sin seguridad. ¿Han tenido noticia de diligencias penales que sigan adelante? No, ¿verdad? Y en cuanto a las reclamaciones por daños y perjuicios, la incertidumbre es total.

Detrás de todo lo de AENA estuvo Don Pepiño. Ahora, una Juez de Lugo ha enviado al Tribunal Supremo los papeles que al parecer incriminan al todavía Ministro de Fomento y Portavoz del “Gobierno de España” en un turbio asunto que tiene en jaque a todas las fuerzas vivas de Lugo y la prensa nos explica que, “conforme a una ley no escrita”, nada se moverá en el Alto Tribunal hasta después del 20 de noviembre de 2011. Y seguramente no se moverá nada (ni falta que hace, a mi entender), pero que conste que esa quietud no será “conforme a una ley no escrita”, sino contra la ley escrita, en la que ninguna hora y ningún día del año, haya o no elecciones, es inhábil para la instrucción de las causas penales. Yo no respeto nominalmente la presunción de inocencia de Don Pepiño: la respeto de veras. Pero desde el momento en que ha sido reconocida oficial y públicamente la reunión de Don Pepiño con el “corruto” en la gasolinera de Guitiriz, la cosa -Derecho Penal aparte- me huele muy mal, decididamente mal.

Detrás de la planeada jugarreta de REPSOL se hallaba Don Miguel, el regalador de bombillas de bajo consumo. Este pobre hombre -pobre en sentido intelectual y moral- no arregla ninguna situación problemática, pero sabe para su avío y el de sus amistades. A mí no me extrañaría que, si se investiga un poco (o si se hace una seria auditoría, como vuelvo a pedir) lo que han hecho en el Ministerio de Justicia con las importantes posibilidades presupuestarias de las que han dispuesto, se descubra que los muchos millones dedicados a una informatización judicial penosa han ido a parar a la empresa pública RED.ES, vinculada estrechamente al Ministerio de Industria, el Ministerio de Don Miguel. Pero verán como RED.ES apenas hace nada directamente, sino subcontratando con empresillas que sólo son ágiles y eficaces en materia de cobros, que no en resultados. ¿Qué soy mal pensado? Bueno, ¿acaso se puede, conforme a la experiencia y a la prudencia que se nutre de la experiencia, ser “bien pensado”? Pero es que, además, está el muy significativo hecho de que no dan la cara las empresas subcontratistas responsables de distintas proezas imaginarias del Sr. Caamaño. Ni las dedicadas a la informática, ni aquéllas, que pagadas por todos nosotros, están monitorizando el funcionamiento de la Justicia. Porque la Nueva Oficina Judicial ha sido puesta, para su “implementación”, en manos privadas. La NOJ ha sido externalizada, que es lo que se le ocurre a quien no se toma el trabajo de averiguar qué pueden hacer los servidores públicos, sino que, sin averiguarlo ni establecer sus costes, hace regalos a extraños con el dinero de todos.

En vez de anunciar “auditorías de infarto”, procede la discreta y obligada investigación de las irregularidades. Si viene el PP, que no aprendan y sucedan en la industria extractiva de la política. Que hablen y expliquen y, sobre todo, que dejen hablar a los Tribunales. Pero, por ejemplo, que se investigue quiénes decidieron construir aeropuertos ahora ya cerrados o a punto de cerrar y quiénes ganaron dinero por construirlos y dotarlos. Que se investigue qué se ha hecho con el incremento presupuestario de inversiones en Justicia, del que tanto se jactaron en su día.