La imposible transparencia de las empresas públicas españolas
José María Rivero / Madrid. VIERNES, 17 DE FEBRERO DE 2012
Parecía un trabajo sencillo. Pura matemática. Simplemente buscar cifras, realizar un cálculo y adornar el resultado con un poco de palabrería. Sin embargo, redactar la noticia iba a resultar tan complicado como pedir secretos de Estado al Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de la vicepresidenta. Precisamente, fue Soraya Sáenz de Santamaría la que había dado la idea del reportaje. Con dos anuncios: uno, que el Gobierno había decidido reducir las indemnizaciones por despido de los directivos de las empresas públicas a siete días por año trabajado si no eran funcionarios. De serlo, no recibirían nada, volverían a su puesto en la función pública. Y dos: la intención del Gobierno de reducir el número de miembros de los consejos de administración de las empresas públicas, sus retribuciones y la del presidente. Quisimos averiguar cuánto significaba eso en dinero. Y comenzamos a preguntar.
Telefoneamos al departamento de Comunicación de RTVE, empresa propiedad del estado en un 52%. Solicitamos las retribuciones de los consejeros y directivos. Pidieron que se hiciera por correo. Lo hicimos. La respuesta: un fundido en negro.
Una empresa pública, financiada con 1.200 millones por los ciudadanos el año pasado, no puede “dar cifras ni información sobre contratos privados”. “RTVE responde ante el Parlamento”. Pero el Parlamento desconoce ese dato. El único momento en el que los taquígrafos del Congreso han recogido el sueldo del presidente de la Corporación fue cuando, a una pregunta del Partido Popular, Luis Fernández, quien ocupaba ese cargo en 2008, lo dió: 240.000 euros él, 120.000 cada uno de los 11 consejeros. En principio, según se ha dado a entender, ese salario se ha rebajado. Pero nadie ha dicho en cuanto. En la web de la televisión pública británica, la BBC, se puede consultar el salario de todos los directivos. Su director general cobra 809.024 euros.
Seguimos indagando. Sólo en aquellas empresas que fueran mayoritariamente propiedad del Estado. O sea, nada de averiguar el salario del presidente de Red Eléctrica o de EADS, Casa, de Ebro Foods, o de Iberia, donde el Estado tiene participaciones minoritarias. No. Se trata de que el Estado tenga, como mínimo, el 51% de su propiedad.
Es el caso de Ensa, con 10 consejeros y un presidente cuyos salarios desconocemos porque aún están estudiando si proporcionar el dato. Es el caso de Enusa que, dedicada a la energía nuclear, cuenta con un presidente y nueve consejeros. Rechazaron dar el montante salarial de estos: no está a “disposición del público, medios y/o sociedad”. Con todo, fueron más amables que en el Grupo Defex.
Esta empresa propiedad del Estado en un 51%, se dedica a la venta de armas. En 2010 movió por ese concepto 114 millones. Pese a ello, tuvo unas pérdidas de 1,3 millones de euros. Al pedirles los datos de la empresa, una única respuesta: “No”. ¿Podríamos hablar con alguien? “No”. ¿Nadie quiere contrastar o comentar la información? “No”. ¿Tienen página web donde saber un poco más de ustedes? “No”.
No hubo respuesta amable ni desagrable en Sepides, en EFE, en Navantia, ni en Hunosa. Esta última, con 11 consejeros más su presidente, y con pérdidas. En el también deficitario y renqueante Hipódromo de la Zarzuela, al igual que en Tragsa, remiten a la SEPI, la gestora de las participaciones del Estado en ellas, pero la SEPI nos redirigía a las empresas remitentes.
La trampa de aglutinar
La propia SEPI es una empresa pública. Como tal tiene un presidente, un vicepresidente, 14 consejeros de administración y un secretario que levanta las actas de las reuniones. Todos ellos cobran anualmente 519.000 euros, según su memoria anual. Memoria que no están obligados a publicar.
Revisando los nombres de los consejeros, se encuentra a secretarios de Estado, directores generales, directores de gabinete, subsecretarios, secretarios generales técnicos… personas que, por su rango, no cobran, como regula la ley de incompatibilidades. O sea, que el presidente y el vicepresidente se reparten entre los dos 519.000 euros. ¿Cuánto cobra cada uno? No hay datos. No se proporcionan datos.
Algo que también sucede en Cetarsa, dedicada al tabaco y propiedad de la SEPI en un 79%. El Gobierno acaba de nombrar a su nuevo presidente. Hay 19 consejeros. El último informe anual publicado es de 2007. No han actualizado. En aquel año el consejo de administración se repartía 386.000 euros.
Cetarsa o la SEPI no son las únicas que proporcionan el dato conjunto del salario de su consejo sin especificar cuánto cobra cada uno. Aena, empresa pública dependiente de Fomento, también. En su memoria anual de 2010 aparece el montante total de lo cobrado por sus 17 ejecutivos de alta dirección, que incluye a su director general-presidente: 1.916.000 euros. El director general-presidente también forma parte del consejo de administración que recibió 214.000 euros en dietas. ¿Cobró de ahí también? No hay respuesta.
Unas de las empresas con mayor número de consejeros es Correos. Las cuatro empresas del grupo suman 38 consejeros, algunos duplican asientos. Se ignoran sus salarios. Renfe tiene 16. Nos redirige a Fomento. Y en el Ministerio de Fomento… silencio.
Paradores nos remite, para variar, a los Presupuestos Generales del Estado. En su última memoria de gestión, del 2007, los anteriores presidentes no vieron oportuno publicitar más, aparecían 19 consejeros, incluyendo al presidente y al consejero delegado, que se reunieron, aquel año, en 11 ocasiones. Se asegura que lo que cobraron por aquellos consejos está en el Boletín Oficial del Estado que publicó los salarios de los cargos públicos.
En ese BOE, como todos los años, aparece el sueldo anual del presidente del Gobierno (78.185,04), de los ministros (69.981) o de un juez (215.683), pero no hay ningún apartado en el que se mencionen las dietas de los consejeros de Paradores, la empresa en pérdidas con la que no se sabe que hacer: si venderla, desprenderse de sus mejores sedes o ceder su gestión a la empresa privada.
En los textos legales consultados referentes a las empresas públicas suele cederse la decisión de las retribuciones a la dirección de las compañías, o bien a lo que indique Hacienda. Normalmente, los sueldos suelen fijarse en función del tamaño y del sector. Ahora, por primera vez, el Ministerio se ha decidido a recortar salarios, fijar límites, controlar el número de consejeros así como reducir las empresas públicas. La Intervención del Estado calcula que existen cerca de 4.000 compañías propiedad de las Administraciones.
“Tratar de conseguir información pública es desesperante en España”, certifica Helen Darbishire. Y detalla: “Hemos hecho una estadística. Sólo en un 20% de las ocasiones que pides información a la Administración, te la dan”. Helen pertenece a Access-Info, una oenegé que busca una mayor transparencia en la Administración.
Quiere que España redacte una ley que permita firmar el convenio del Consejo de Europa al respecto. Que se sepa qué se hace con el dinero público. Que se sepa cuánto cobran los gestores de empresas públicas. “España es un caso raro. Es el único gran país europeo que carece de una ley de transparencia. Hasta los países del este, provenientes de dictaduras, tienen leyes que permiten el acceso a la información pública”. El PP se ha comprometido a implantar dicha ley. “También lo dijo el PSOE en 2004 y 2008 (años electorales) y luego no han hecho nada”, recuerda desconfiada.
