Fomento solivianta a las ingenierías al dar su obra estrella a Ineco
La mayores ingenierías de obra pública del país, agrupadas en el Foro de Ingenierías de Excelencia (Fidex), se reunieron con urgencia el pasado jueves tras la decisión de Fomento de encargar a la pública Ineco los estudios para implantar el ancho europeo en el Corredor Ferroviario Mediterráneo. La indignación impera entre sus competidoras privadas después de que el proyecto de mayor relevancia del momento se haya adjudicado sin concurso.
Javier F. Magariño – Madrid – 03/05/2012 – 07:00
El Ministerio de Fomento ha reabierto una herida que viene de anteriores legislaturas y por la que la ingeniería privada dice estar desangrándose. Se trata del uso de la empresa pública Ineco para el diseño de proyectos de obra pública. Participada por Aena (45,85%), Adif (41,37%) y Renfe (12,78%), la citada Ineco lleva años soportando críticas por el flujo de actividad que suponen las encomiendas de gestión o adjudicaciones sin concurso que le otorga Fomento. La última, anunciada el martes 24 de abril, amenaza con poner en pie de guerra al sector.
Se trata de la elaboración del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar europeo en el Corredor Mediterráneo de ferrocarril. Un estudio que se basará en otro previo realizado por la Generalitat Valenciana.
Con este contrato, por publicarse aún en el BOE, arranca una infraestructura que merece 1.342 millones de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. «Nuestra propuesta es ambiciosa, supone llevar a cabo un proyecto global con vía doble en ancho internacional que recorra todo el Mediterráneo de norte a sur y de sur a norte y que permita resolver todas las necesidades del tráfico de mercancías en el Mediterráneo», declaró en Valencia la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Con la noticia aún caliente, el grupo de ingenierías englobadas en Fidex adelantó la semana pasada, con carácter de urgencia, la reunión de su comité ejecutivo. Eptisa, Inypsa, Prointec, Typsa, Inocsa, Euroconsult, Getinsa, Eurostudios, Entecsa y Paymacotas integran el selecto colectivo que viene demandando un encuentro con la cúpula ministerial desde primeros de abril para solicitar impulso a la obra pública y la creación de una biblioteca de proyectos que mantenga con vida al sector. A la vista de los últimos acontecimientos, la indignación se ha instalado en el grupo de compañías.
«Nos enteramos de forma indirecta de la encomienda de gestión a Ineco. ¿Dónde está la transparencia que iba a impulsar la ministra?», se pregunta uno de los responsables de la asociación, «la decisión de Fomento va contra la propia transparencia en la contratación y también contra la competencia que debe estar marcada por la libre concurrencia a los concursos».
Figura legal
La Ley de Contratos del Sector Público contempla las encomiendas de gestión a la sociedad mercantil de carácter estatal Ineco, considerada como medio propio y servicio técnico de la Administración general del Estado tanto en los estatutos de la empresa (artículo 1 bis) como en la citada Ley de Contratos del Sector Público (artículos 4.1 y 24.6). La retribución que percibe Ineco por estos encargos directos viene fijada en unas tarifas para encomiendas de gestión aprobadas cada ejercicio.
La gran patronal de la ingeniería, Tecniberia, está pidiendo en los últimos años que Fomento y sus empresas no abusen de esta fórmula. La encomienda está prevista para casos de urgencia, otros en los que hay que salvaguardar confidencialidad o está en riesgo la seguridad del Estado, o, simplemente, si falta capacidad en el mercado para encontrar proveedores. La otra gran reivindicación de Tecniberia respecto a Ineco es que no compita con las compañías privadas en los concursos.
El caso del Corredor Mediterráneo ha generado inquietud en el seno de Tecniberia. La licitación del proyecto habría llevado unos cinco meses de plazo hasta la adjudicación, por lo que en la patronal no creen que la urgencia justifique el paso dado por Fomento.
Desde el campo privado se calcula que Ineco, presidida desde enero por Pablo Vázquez, goza de una cuota de mercado del 85% en la ingeniería aeronáutica española, copa el 50% de la ferroviaria y mantiene fuerte presencia en proyectos de carreteras.
Las cifras
1.342 millones es la partida del proyecto del Corredor Mediterráneo en los Presupuestos del Estado para este 2012.
47,8% de la población española está asentada en torno al Mediterráneo.
45% del PIB español depende del área de influencia del corredor que Fomento ha ampliado hasta Almería-Málaga-Algeciras.
El gigante de Aena, Adif y Renfe
La cifra de negocio de Ineco cayó desde los 285 millones de techo en 2009 hasta los 266 millones en 2010. El beneficio récord se alcanzó en 2008, con 38 millones frente a los 16 millones del ejercicio 2010.
La plantilla de la firma pública de ingeniería no tiene comparación en el sector privado español: 3.200 personas.
La mayor parte de los ingresos de Ineco vienen de Adif (141 millones en 2010), Aena (62,6 millones), Ministerio de Fomento (29 millones) y Renfe Operadora (5,5 millones en el ejercicio 2010). Las ingenierías demandan que el Gobierno dedique Ineco a abrir paso a la obra pública española en el extranjero, ya que el sector se ve con solvencia suficiente como para atender el trabajo que desempeña Ineco en el mercado doméstico.
La etapa de Ignasi Nieto al frente de la empresa dependiente de Fomento, en los años 2010 y 2011, se saldó con un notable proceso de internacionalización. Ineco diversificó hacia India, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Costa Rica o la zona del golfo Pérsico, entre otras áreas. Junto a ella han salido de España firmas como Prointec, Ayesa, Tekia, Semic o Grado AAA.
La ingeniería española está representada por 3.000 empresas, de las que el 90% son consideradas pequeñas (menos de 50 empleados) y el 80% carece de actividad fuera de España. El empleo del sector está cifrado en unos 85.000 profesionales.
El número de referencias de la ingeniería ha caído en España un 5% desde 2008. La facturación anual del sector ha perdido en el mismo periodo un 19%, hasta los 13.700 millones en 2010, según datos que maneja la patronal Tecniberia.
Fomento maneja un informe de Ineco que pide la privatización total de Renfe
LUIS DONCEL Madrid 2 MAY 2012
En plena lluvia de reformas —el ministro Luis de Guindos anunció la semana pasada una nueva ola de privatizaciones y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anticipó el lunes que este viernes se concretarán medidas liberalizadoras en las infraestructuras—, Renfe es uno de los organismos en el centro del huracán. Fomento maneja un informe elaborado por personal del Ineco (la ingeniería de transportes dependiente del ministerio encabezado por Ana Pastor) que recomienda la privatización total del operador ferroviario.
El texto establece un calendario de actuaciones que fija el 1 de enero de 2013 como fecha límite para la venta de Renfe-Mercancías. Reclama además la liberalización del mercado del transporte de viajeros por ferrocarril y la transferencia de Feve —los ferrocarriles de vía estrecha— a las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria. También recomienda que la privatización de Pasajeros —incluida Cercanías— se haga a través de una oferta pública de venta (OPV) antes del 1 de enero de 2014.
“Al finalizar este proceso, Renfe debería ser un operador de transporte eficiente 100% privada mediante una OPV, que compita con sus trenes, maquinistas y capacidades operativas en la larga distancia (incluido el AVE) y que se presente a las concesiones para operar en cercanías y otras líneas de servicio público”, dice el texto. En el Ministerio de Fomento aseguran que el informe no cuenta con una encomienda de gestión del Gobierno; y los responsables del Ineco insisten en que no se hacen responsables del texto, ya que no siguió los cauces oficiales y carece de los mecanismos de calidad que aplican a los estudios; aunque sí admiten que este salió del organismo por algún cauce que no han determinado.
El texto justifica la necesidad de tomar “medidas profundas” con el argumento de que la empresa de servicios ferroviarios pierde 600 millones de euros al año y arrastra una deuda superior a los 5.000 millones. “El régimen de monopolio de facto resulta insostenible en el medio plazo”, añade, para después asegurar que a Renfe le sobra personal en áreas corporativas y en producción. Los Presupuestos recientemente aprobados prevén que Renfe gane este año 66,8 millones de euros tras absorber subvenciones públicas por valor de 848 millones.
Para tratar esta “patología”, el documento considera imprescindible la entrada del sector privado para reducir de forma significativa los costes. Tanto la apertura y liberalización del mercado como la venta al sector privado son imprescindibles, razona el documento, porque si únicamente se privatizara, se crearía un monopolio privado que presionaría a la Administración a mejorar sus márgenes constantemente. Y si solo se liberalizara, las barreras de entrada al sector y la hegemonía de la propia Renfe dificultarían el desarrollo de una competencia efectiva en el mercado.
Hace tiempo que la privatización de Mercancías no es un tabú, pero sí que sorprende la recomendación de hacer lo mismo con Cercanías. En concreto, el documento recomienda otorgar en concesión “los diferentes núcleos de cercanías con una subvención por parte de la Administración y facilitando a los operadores el material rodante mediante su venta y / o alquiler”.
El Gobierno anterior ya dio un tímido paso en la privatización de Renfe en junio del año pasado, cuando aprobó la reestructuración de la división de Mercancías en tres nuevas sociedades.
Al margen de que el Gobierno se decida a avanzar en la privatización de Renfe o no, el Consejo de Ministros de este viernes sí tomará decisiones sobre la liberalización de las infraestructuras. Fuentes de Fomento barajan la posibilidad de que se apruebe la apertura de competencia externa en las mercancías a los operadores internacionales. De tomarse esta iniciativa, se avanzaría en la liberalización a través del cobro de un peaje a las empresas que entraran en el sector ferroviario español. Las medias liberalizadoras también podrían afectar a otros entes dependientes del Ministerio de Fomento, como Adif o AENA.
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