Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión
EP 27/07/2012
Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.
Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Artículo en ABC del 30 de abril de 2012
En el proyecto aprobado hoy se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.
El proyecto de ley sanciona la ocultación de una deuda contraída y no contabilizada, así como el desvío hacia sociedades o fundaciones de obligaciones de pagos. Si esas y otras actitudes causan perjuicio económico a la Administración serán delitos penales. A quienes incumplan deliberadamente los ajustes acordados o la Ley de Estabilidad se les podrá destituir, suprimir pensiones indemnizatorias e imponer la indemnización a la Hacienda pública.
ANTECEDENTES
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