No todo es relativo
Lo. C. Gutierrez
Imaginemos por un momento – soy consciente de que lo que digo es propio de la ciencia ficción – que alguien se interesa verdaderamente por nuestra opinión sobre temas relacionados con el transporte aéreo y nos piden que puntuemos por orden de prioridad cuestiones como la pérdida de equipaje, las indemnizaciones por retrasos y consiguientes pérdidas de vuelos o la importancia de subirse en una avión cumpliendo a rajatabla los preceptos que establecen organizaciones como la OACI para garantizar la seguridad de la navegación aérea.
Llámenme idealista, loca o inocente pero servidora tiene muy claro que si se le propusiera evaluar, el 10 se lo llevarían los aspectos relacionados con la seguridad sin ningún género de dudas. No obstante, parece ser que ese no es el objetivo primordial de agencias y organismos varios a las que se les presupone velar por los intereses generales de los ciudadanos. Claro que llegados a este punto, quizá sería bueno que alguien tuviera a bien de decirnos qué se considera interés general y cuál es el verdadero objetivo de tales instituciones.
Están en FACUA muy indignados porque según ellos el gobierno quiere ilegalizarla por criticar los recortes, y no digo yo que no lleven razón, pero quizá si no recibieran 466.807 euros de organismos estatales podrían pasar por una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los consumidores en lugar de un mero lobby a sueldo con extrañas injerencias. Está muy bien informar a los usuarios sobre sus derechos cuando les cancelan un vuelo o les extravían la maleta, pero no estaría de más que se empezaran a pedir responsabilidades por episodios de inseguridad que vienen siendo cada vez más frecuentes en nuestro cielo y aeropuertos.
Sin ir más lejos, la OACI ha detectado 40 fallos, algunos coincidentes con el accidente de Spanair, que España sigue sin corregir. La auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional deja al descubierto la incapacidad manifiesta de la CIAIAC – Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil – para elaborar informes de investigación efectivos y eficaces. Vista la situación, no es de extrañar que el Colegio de Pilotos pida que se reabra la investigación.
Mientras tanto, Ryanair sigue en su estilo y Fomento, que en tiempos del ministro Blanco se dedicaba a ocultar las infracciones de la aerolínea a la par que le concedía subvenciones, ahora se dedica a recomendar pero poco más hace por meter en vereda al díscolo O’Leary.
Está resultando la ministra Pastor un verdadero misterio porque, si de verdad pretende poner algo de orden y concierto en todo este desaguisado según ha declarado manifiestamente, no hay modo de entender ciertos nombramientos y la permanencia en los organigramas de cargos que han sido y continúan siendo responsables directos de la situación en la que ha degenerado el sector aéreo en este país.
¿No sería conveniente, en un ejercicio de transparencia, que la auditoría que AENA presentó a la OACI se hiciera pública? Sería deseable, por el bien de todos, certificar con luz y taquígrafos que nadie está incurriendo en delitos de falsificación de documentos públicos o en presuntos delitos de impericia e imprudencia según lo dispuesto en la ley penal y procesal de navegación aérea.
Es una verdadera lástima que los esfuerzos por establecer algo de sentido común en todo este embrollo, vengan de profesionales defendiéndose como gato panza arriba, sean pilotos o profesionales del control aéreo redactando centenares de informes con la única esperanza de que les sirva de salvaguarda en caso de accidente. O que La Asociación de Víctimas del Accidente de Spanair– AVJK5022 – esté haciendo lo que la AESA debiera hacer y no hace.
Mientras tanto sigamos permitiendo que alguien decida por nosotros, usando criterios meramente mercantiles, que reclamar una maleta es inmensamente más importante que velar por la seguridad de los pasajeros. Relativizar, a veces, no es aconsejable.
