Redacción. 12/3/2013

Tal y como publica hoy El Mundo en su edición impresa, el Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ve motivos para que se juzgue a José Blanco, ex ministro de Fomento, por un delito de tráfico de influencias.

Torres-Dulce ha autorizado la petición de suplicatorio al Congreso para procesar a Blanco tras dos reuniones de los fiscales de sala para debatir el caso, en las que concluyen que la acusación por tráfico de influencias es sostenible.

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14/3/2012. «Problema encarrilado»

Sobre esas gestiones, aseguró que no llamó «inmediatamente» al ministro, aunque «es posible que en algún momento posterior le comentara la gestión hecha». Desde ese momento, no supo nada más relacionado con esa cuestión, hasta que a finales de marzo, cuando se preparaba la visita para la inauguración de la nueva fase del polígono logístico de El Prat, el alcalde de Sant Boi le comentó que «esa licencia ya había sido concedida o este problema ya ha sido encarrilado».

Por otro lado, ayer también declaró Javier Hurtado, ex director de Gabinete de Blanco. En su comparecencia, manifestó que la única gestión que realizó con la nave citada que le pidió el ex ministro fue que preguntase a la Dirección General de Aviación Civil si había problema en Sant Boi con esa licencia. Le contestaron que ello dependía de un informe de AENA que iba con retraso. pero que estaría listo en 15 días.

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Sin embargo, la fiscalía no ve por el momento elementos probatorios de un delito de cohecho por lo que se refiere a las obras realizadas en el chalé de Blanco, que ha admitido que financió parte de las obras de reforma de su chalé de lujo en Las Rozas con dinero procedente del Ministerio del Interior, destinado supuestamente a garantizar la seguridad de los partidos políticos y de sus cargos electos. Blanco ha aportado facturas pagadas por el PSOE con fondos procedentes de Interior por valor de 100.000 euros al Tribunal Supremo.

La implicación en el caso de la nave de El Prat del amigo del ex ministro, José Antonio Orozco -para la que presuntamente se «agilizó» la concesión de unas licencias-, de Isaías Táboas (ex secretario de estado de Transportes) y Jaume Bosch (alcalde de Sant Boi) también ha sido objeto de debate en la fiscalía.

Isaías Táboas, ex secretario de Estado de Transportes, junto al ex presidente de Aena, Juan Ignacio Lema

El tráfico de influencias viene recogido en el artículo 428 del Código Penal, y reza: «El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior».

El fiscal solicita el suplicatorio para juzgar a José Blanco por tráfico de influencias

Efe | Madrid. Actualizado martes 12/03/2013 10:52 horas

La Fiscalía ha pedido al juez instructor del ‘caso Campeón’ en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que tramite el suplicatorio para poder juzgar al ex ministro socialista José Blanco por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, han informado fuentes jurídicas.

El escrito de 28 folios pidiendo el suplicatorio ha sido presentado a primera hora de la mañana en el Tribunal Supremo y en él se observa que de lo investigado hay indicios de que el ex ministro y actualmente diputado del PSOE hubiera podido incurrir en delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

La investigación a Blanco se ha centrado en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad de un amigo de Blanco, el empresario gallego José Antonio Orozco, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi, así como en la compra y obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas.

Este paso dado por la Fiscalía se produce después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la autorizara tras consultar a los cuatro fiscales de Sala de lo Penal, tal y como informa este martes EL MUNDO.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/12/espana/1363081451.html

Así se las ingenió Blanco para que le pagáramos la reforma de su chalé

AIM. El Semanal Digital. 7/3/2013

Hubo un tiempo en que José Blanco era tan poderoso que hasta se las ingenió para que el PSOE le pagara una reforma en su chalé de Las Rozas por importe de 101.395 euros, según la documentación que él mismo ha entregado al juez José Ramón Soriano.

[pullquote]El chalé de José Blanco en Las Rozas[/pullquote]Argumenta el exvicesecretario general de los socialistas que, en 2007, su formación sufragó esas obras con cargo a una subvención que el Ministerio del Interior concede trimestralmente a los partidos con representación en el Congreso para «gastos de seguridad». Y, por tanto, con dinero público.

Pero el caso tiene muchos agujeros negros. El PSOErecibió ese año de Interior 1.310.500,88 euros por ese concepto (sin contar lo que percibió el PSC). Ello quiere decir que el partido gastó casi la doceava parte de esa subvención en pagar una cuantiosa reforma cuyos detalles se desconocen (¿cámaras de seguridad?, ¿vallado?) en casa de uno de sus dirigentes. Que, por aquel entonces, ni siquiera era miembro del Gobierno, sino simplemente secretario de Organización del PSOE.

Eso no es todo. Lo más curioso es que, si es verdad que el partido pagó esa reforma,Blanco se aprovechó de un vacío legal para hacer uso y disfrute personal de una subvención pública. La Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos contempla esa ayuda trimestral del Ministerio del Interior (que en realidad venía otorgándose desde el año 2000), pero no especifica a qué debe destinarse.

Como los partidos hacían de su capa un sayo, después de varias quejas y toques de atención del Tribunal de Cuentas en octubre de 2011 entró en vigor un real decreto por el que se regulan los límites de esa ayuda. En base a esa modificación legal el PSOE no podría haber utilizado la subvención para hacer mejoras en casa de Blanco, porque la normativa especifica claramente que en cuanto a la protección de las personas los gastos subvencionables son:

«a) Personal de escolta: Costes de contratación de dicho servicio o, en su caso, retribución bruta del personal contratado, así como los gastos inherentes al ejercicio de sus funciones. b) Vehículos blindados, inhibidores de señales y GPS para los vehículos, y auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos». 

Es decir, que las obras en un domicilio particular, por mucho que sean del número dos del PSOE, no tienen cabida en esa subvención, sino sólo las de las sedes de los partidos. Pero eso es ahora. Las de Blanco se hicieron cuatro años antes de que la ley pusiera límites a una ayuda del Ministerio del Interior que era una especie de cajón de sastre y que las formaciones podían utilizar casi a su libre albedrío.

La UDEF sospecha que las obras en el chalé del exministro de Fomento costaron más de lo declarado por Blanco, y he ahí una de las incógnitas del Caso Campeón por las que puede acabar sentándose en el banquillo. Según el socialista, esas facturas por importe de 101.395 fueron declaradas a Hacienda tanto por el PSOE como por la constructora. Además, y siempre según su versión, la parte de la reforma que no se correspondía a la seguridad costó 68.440 euros y fue abonada por él y su mujer.

http://www.elsemanaldigital.com/articulo.asp?idarticulo=127616