La Fiscalía Provincial de Las Palmas no considera que se produjera un abandono colectivo de los controladores
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 May. (EUROPA PRESS) –
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde (Gran Canaria) donde solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones de los controladores aéreos del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias al considerar que no se produjo un abandono «colectivo» el 3 de diciembre de 2010, día en el que se cerró el espacio aéreo en España y en Canarias.
Así lo recoge el escrito de la Fiscalía que informó que tras las exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, bajo la supervisión del citado Juzgado, y en coordinación con la Fiscalía, «no se ha podido determinar una relación de conexidad con los hechos ocurridos en otros aeropuertos o centros de control» el citado día.
Al respecto, apuntó que conforme a los datos objetivos recabados «no se ha podido determinar que la actuación de los controladores haya tenido una relación causa-efecto» con el cierre del espacio aéreo de Canarias.
En este sentido, añadió que durante el turno de trabajo que ha sido objeto fundamental de la investigación (entre las 15.00 y 22.00 horas), de los 22 controladores que iniciaron el servicio en el aeropuerto de Gran Canaria, la mitad (11) estuvieron presentes en todo momento, no abandonando sus puestos de trabajo.
En cuanto al resto, seis de ellos tienen justificación médica, por lo que «sólo cinco» (de un total de 22) se ausentaron de su lugar de trabajo acogiéndose a la normativa reguladora que les obliga a ello en el caso de que no se encuentren en condiciones de trabajar, lo que subrayó «debe ser puesto en el contexto de la situación de tensión derivada de un conflicto laboral que se vio recrudecido precisamente en esas fechas».
Así, matizan, que los informes técnicos y los testimonios recabados indican que el número de controladores que estaba presente en el centro de control «no justificaba la decisión del cierre total del espacio aéreo adoptada por AENA sobre las 17.00 horas del 3 de diciembre de 2010, sin perjuicio de que se pueda entender esta decisión como prudente» por las circunstancias del momento.
Por ello, la Fiscalía ha considerado que «no se dan los requisitos exigidos por el Código Penal (art. 409) para formular acusación», ya que «no se puede considerar que se haya producido un abandono colectivo, en cuanto mayoritario, ni que el mismo haya provocado el perjuicio grave» para el servicio público consistente en el cierre del espacio aéreo.
De todos modos, reconoció que esto no impide que las personas que hayan sufrido algún tipo de perjuicio como consecuencia de la situación que se produjo, puedan solicitar las indemnizaciones que procedan en derecho, en las vías jurisdiccionales que correspondan.
Por último, la Fiscalía insiste en que se trata de una solicitud de sobreseimiento provisional, lo que implicaría, de adoptarse, la posibilidad de reapertura de las diligencias, sobre todo en el caso de que las investigaciones que se siguen en el Juzgado de Instrucción Número 3 bis de Madrid permitan valorar o acreditar indiciariamente la posible relación o conexión con los hechos ocurridos en este territorio.
POR EL CIERRE DEL ESPACIO AÉREO EN 2010
Juzgado de Telde (Gran Canaria) archiva la causa contra los controladores
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 May. (EUROPA PRESS) –
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde (Gran Canaria), María Ángeles Zabala, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra los controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo que tuvo lugar los días 3 y 4 de diciembre de 2010.
Según informa este martes la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) con el cierre de dicha causa son ya tres las acciones judiciales que se han cerrado durante el último mes contra los controladores, después del archivo de las causas de Santiago de Compostela y del Aeropuerto de Girona-Costa Brava.
En el caso de Gran Canaria, la propia Fiscalía fue quien solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones judiciales argumentando que «no se ha podido determinar que la actuación de los controladores haya tenido una relación causa-efecto con el cierre del espacio aéreo de Canarias».
«Los informes técnicos –continuó el ministerio fiscal– y los testimonios recabados señalan que el número de controladores que estaba presente en el centro de control no justificaba la decisión del cierre total del espacio aéreo adoptado por Aena sobre las 17.00 horas del 3 de diciembre de 2010».
USCA entendió que la Fiscalía se muestra «contundente» en su escrito al agregar que «se considera que no se dan los requisitos exigidos por el Código Penal (art 409) para formular acusación, toda vez que no se puede considerar que se haya producido un abandono colectivo […] ni que el mismo haya provocado el perjuicio grave para el servicio público consistente en el cierre del espacio aéreo».
«EL AUTO LEGITIMA LA ACTUACIÓN DE LOS CONTROLADORES»
En este sentido el abogado del sindicato, Diego Salmerón, mostró su conformidad con la Fiscalía de Las Palmas y consideró que «el auto de archivo de las diligencias seguidas en Canarias viene a legitimar la actuación de los controladores aéreos en el archipiélago canario y demuestra que en contra de lo que habían sostenido los antiguos gestores de Aena, el cierre del espacio aéreo canario fue innecesario e injustificado».
También recalcó que «ha quedado acreditado que la decisión la adoptó la entonces jefa de División ante las advertencias que durante la mañana le dieron los Servicios Centrales de Aena en Madrid y que en el momento de dar la orden de RATE-0 (cierre del espacio aéreo) no verificó la dotación de controladores presentes y disponibles».
Para Salmerón, la motivación y argumentación esgrimida por la Fiscalía de Las Palmas y el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde para el cierre de la causa contra los controladores aéreos «son coincidentes con las que ya se han establecido en las causas anteriormente citadas».
Finalmente, el abogado Salmerón, letrado de USCA, recordó que cada una de las causas judiciales que se van cerrando contra los controladores aéreos «demuestra que no era necesario adoptar las medidas de cierre del espacio aéreo que llevaron a cabo los antiguos gestores de Aena».
