MARISA RECUERO, 31/5/2016. Correos electrónicos intercambiados entre sindicalistas y empleados vinculados a la empresa pública Ineco, investigada por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, ponen sobre la mesa la presunta contratación de personal temporal que esta sociedad, dependiente del Ministerio de Fomento, inició a partir de 2013, tras la ejecución de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 382 personas, y que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.Los citados correos, fechados ocho meses después de que la empresa y los representantes de los trabajadores firmaran el ERE -13 de enero de 2013- y acordaran la creación de una bolsa de trabajo –las cúpulas directivas actual y antigua de Ineco están siendo investigadas por ocultar esa bolsa-, advierten de que en la empresa existe el «contrato condicionado», es decir, «conseguir un contrato público en función de las personas a las que se contrate para ejecutarlo», según precisaron a este diario trabajadores de Ineco conocedores del significado del concepto usado en uno de los correos.

«Vas a preparar un alegato contra el que nos den un contrato condicionado», reprocha el autor de uno de estos mensajes, miembro del comité de empresa que negoció el ERE investigado, a otros trabajadores que también formaron parte de la negociación. «Eso lleva funcionando en Ineco hace años y en el resto de empresas de este país con gobiernos de izquierdas y de derechas, no es nuevo», prosigue.

Conviene precisar que algunas de las personas que intervienen en este intercambio de correos están siendo investigadas en el procedimiento abierto en el juzgado madrileño contra 46 personas -políticos, directivos y sindicalistas vinculados a Ineco- y la empresa, a partir de una querella criminal presentada por trabajadores de la compañía.

Este intercambio de mensajes se produjo después de que Ineco ejecutara el ERE y comenzara a contratar a nuevos trabajadores a través de empresas de trabajo temporal, según consta en la querella a partir de la cual la juez María Isabel Durántez Gil abrió diligencias y pidió documentación relativa a estos hechos al actual presidente de la empresa, Jesús Silva. Entre los querellados se encuentra también su antecesor en el cargo, el actual presidente de Renfe, Pablo Vázquez.

Los interlocutores de esta conversación debaten sobre aceptar o no la situación de contratos temporales que realizó la empresa, pese a disponer de una bolsa de empleo aprobada tras el ERE.

«Por lo que yo sé, se trata de una decisión empresarial y entiendo que desde un punto de vista económico es desde donde hay que mirarlo», insiste, en otro correo, la misma persona que pone sobre la mesa el concepto «contrato condicionado». «Nosotros no podemos poner veto a todo lo que queramos, tenemos que ser inteligentes y jugar en el tablero que nos ha tocado», precisa. «A mí que me digan si el proyecto va a traer beneficios para Ineco o qué y en qué condiciones». La persona en cuestión concluye su intervención advirtiendo de que «este país está corrupto por todos los lados, izquierdas y derechas».

El debate vía email entre trabajadores y representantes del comité que negoció el ERE carga también contra Fomento. «Cuando nos imponen unas condiciones desde el todopoderoso Ministerio de Fomento poco podemos hacer, a mí no se me ocurre nada al respecto», escribe otro trabajador, que reconoce que tienen que «intentar vender ese acto de buena voluntad [en referencia a la contratación temporal] a cambio de algo por parte de Ineco».

Ineco advirtió a este diario de que aún no le llegó la notificación de la admisión de la querella, hecho que se produjo el 13 de mayo. Dicho esto, el pasado 26 de mayo, la fiscal encargada del caso solicitó a la juez que declare «compleja» la instrucción por tratarse de «especiales características de los hechos punibles objeto de investigación».