ATCPRESS, 7/6/2016. Enaire, el gestor de navegación aérea en España, mantiene sancionados a medio centenar de controladores aéreos de Barcelona con un mes de suspensión de empleo y sueldo por el cierre del espacio aéreo de 2010, pese al archivo judicial de la causa en la vía penal, pero por falta de personal ha fraccionado el castigo en dos tandas de 15 días cada una y pretende alargar su ejecución hasta el año 2018. Se trata de un paquete de resoluciones sancionadoras impuestas a 61 controladores de Barcelona que además en 11 de los casos han sido ya desactivadas por otros tantos jueces de lo Social, que han revocado el castigo y han ordenado a Enaire el reembolso de las nóminas en los casos en que éstas ya habían sido retenidas.

El gestor de navegación aérea retomó los expedientes sancionadores respecto a los controladores aéreos de Barcelona después de que el juzgado de instrucción decidiera el archivo provisional de la causa abierta contra ellos por el presunto abandono de sus puestos de trabajo en los días 3 y 4 de diciembre de 2010, en mitad del caótico puente de la Constitución en que se cerró el espacio aéreo por orden del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El archivo provisional se produjo después de que el Tribunal Supremo rechazara unir la causa a la que instruía otro juzgado de Madrid y calificara de “conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio” la hipótesis de que existió una acción conjunta de los controladores aéreos españoles para lograr el cierre del espacio aéreo.

A pesar del archivo de la causa en la vía penal, Enaire decidió posteriormente reactivar las sanciones en la vía administrativa e imponer a este grupo de 61 controladores de Barcelona un mes de suspensión de empleo y sueldo. Lo llamativo del caso es cómo quiere Enaire ejecutar el castigo: aunque fue inicialmente dictado en la primavera de 2015, su ejecución pretende demorarse de forma fraccionada y con una dilación de hasta tres años, hasta en 2018, por la aparente incapacidad de Enaire para sustituir a los controladores aéreos a los que pretende castigar.

Enaire comunicó a un total de 54 controladores aéreos que sus respectivas suspensiones se harían en dos tandas de 15 días cada una y con una separación de más de un año de diferencia entre ambas. Así, por ejemplo, uno de los controladores afectados cumpliría los primeros días de suspensión a principios de 2016 y el resto, dos años después, a principios de 2018. El mismo patrón se reproduce en los otros 51 casos, de manera que la última tanda de suspensiones se alarga hasta la primavera de 2018.

El abogado defensor de los controladores aéreos de Barcelona, Diego Salmerón, ya advirtió que este fraccionamiento es una forma de mantener a los controladores aéreos como “rehenes”, bajo una espada de Damocles permanente. “Reconoces que no tienes gente y la mantienes sumisa y presionada”, llegó a decir Salmerón en una rueda de prensa convocada por el sindicato USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) para presentar el video ‘2010, la huelga que nunca fue‘.

Mientras tanto, los jueces de lo Social han ido revocando las sanciones una tras otra, en sentencias individuales donde se desecha el motivo común de castigo: el supuesto abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores. En una de ellas, referida a un controlador aéreo acusado por Enaire de haberse ausentado de su puesto de trabajo el 4 de diciembre de 2010, el juez de lo Social consideró probado que el profesional sí se personó en su puesto de trabajo y firmó el parte acreditativo correspondiente, aunque luego permaneciera solo en situación de ‘disponible’ y ‘en espera’ debido al cierre de los sectores aéreos cuyo control le correspondían.

El juez de lo Social recuerda en la sentencia que la Fiscalía había incoado diligencias por un presunto delito contra la navegación aérea y que el juez de instrucción decretó el archivo provisional de la causa, tras la intervención del Tribunal Supremo en los términos antes citados.

En el vídeo presentado por USCA, el juez José Antonio Vázquez Taín, instructor del caso en Santiago, llega a detallar que cuando el Gobierno cerró el espacio aéreo en diciembre de 2010, en Galicia había más controladores de servicio que en otras épocas del año con más tráfico aéreo, como el mes de agosto. El juez Taín también subraya que, conforme al mismo argumento utilizado por el Gobierno de Zapatero, el espacio aéreo tendría que haberse cerrado en Galicia “seis o siete veces” en aquel mismo año.