Ciudadanos quiere que se investigue si hubo lucro ilícito en la privatización de Aena
Ciudadanos ha preguntado al Gobierno en funciones si ha investigado el posible lucro ilícito que puede haberse dado tras la privatización de Aena por parte de miembros del equipo que privatizó la compañía aeroportuaria o familiares de estos.
En una batería de preguntas registradas en el Congreso, la formación naranja denuncia que las acciones de la compañía -que salieron a Bolsa a 58 euros la acción- cotizan ahora a 130 euros, un 125% más en apenas año y medio, mientras que en ese mismo tiempo la depreciación del Ibex 35 fue del 15,5%.
El reducido precio de la acción inicial -“a todas luces insuficiente” para Ciudadanos- hace sospechar a la formación política si el equipo que se encargó de privatizar la compañía, proceso consumado en febrero de 2015, pudo beneficiarse al ser conocedores de información privilegiada y confidencial.
Por ello, inquieren si se ha investigado este extremo y si alguno de sus miembros o familiares de estos se han podido beneficiar “en el corto plazo” con puestos de relevancia en empresas relacionadas con la privatización. También si se ha encargado un estudio sobre la falta de previsión ante “el fuerte incremento” del precio de la acción.
Beneficios para reducir deuda
En su momento de privatización, han recordado, Aena era (y sigue siendo) el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros y presumía de una situación económica financiera “envidiable”. De hecho, los beneficios de la empresa crecieron un 74,2% en 2015, y en el primer semestre de 2016 la tendencia se consolida, pues aumentó sus beneficios un 78,7% respecto al mismo período del año anterior.
Por último, Ciudadanos pregunta por qué no se ha utilizado la totalidad de los beneficios en reducir la deuda de la compañía, una de las razones esgrimidas por el Gobierno para aprobar su privatización. Desde 2015, el 50% de los beneficios se reparten como dividendos en efectivo, a pesar de que Aena nunca había dado dividendos a su único accionista hasta entonces, el Estado español.
Fuente: Artículo original en EXPANSIÓN