Carlos Castañosa, 27/11/2016. Esta semana se cumplen seis años del episodio más turbio de nuestra historia reciente. El 3 de diciembre de 2010 España se colapsó por el cierre del espacio aéreo. Los controladores fueron acusados de un presunto delito por abandono total y organizado de sus puestos de trabajo. Se decretó el inmediato estado de alarma, contemplado en la Constitución como uno de los recursos de emergencia ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas que exijan la suspensión temporal de algunos derechos civiles.

España había sufrido un 23-F y un 11-M que merecieron, cuanto menos, un estado de excepción. O el actual proceso de sedición catalana que, según la Carta Magna, sería motivo de un estado de sitio. Nada de esto se aplicó en su día, ni es probable que se dé en Cataluña. Pero el 04/12/2010 se decretó un bochornoso estado de alarma, militarización incluida, por un conflicto laboral ente AENA y sus controladores aéreos.

Recientes sobreseimientos y autos judiciales exoneran de toda culpa a los acusados y demuestran la falsedad de lo denunciado. Cuestión de lógica: Impensable que un cirujano abandone a su paciente en la mesa de operaciones a corazón abierto.

¿Por qué se llegó a tan desastroso suceso? Un análisis desinteresado y bien informado indica que atacar la situación laboral de los controladores, respaldada por su convenio colectivo y al amparo, entonces, del estatuto de los trabajadores, podía ser una aprovechable columna de humo para enmascarar la pretendida y sospechosa privati-zación de la gestión aeroportuaria de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea: monopolio estatal adscrito al ministerio de Fomento desde su creación; 1990).

Ante los sucesivos fracasos negociadores para reducir sus emolumentos, desde el poder empresarial se optó por demonizar al colectivo, para debilitarlo y doblegarlo socialmente, mediante una campaña de desprestigio demoledora, aplicando al pie de la letra el pernicioso decálogo de propaganda tóxica: “Armas silenciosas para guerras sencillas” (Noam Chomsky). Con el masivo y tendencioso apoyo mediático, se logró manipular una opinión pública demasiado sensible y vulnerable ante los supuestos privilegios de los demás. La masacre social obtuvo un éxito rotundo.

Para quienes algo sabíamos de esto, hubo una serie de indicios, o evidencias, que delataban cierta premeditación y una clara alevosía de las autoridades aeronáuticas.

• No es creíble que con varios miles de aviones en el aire pudiera cerrarse el espacio aéreo de un plumazo y abandonarlos a su suerte. Eurocontrol (Bruselas) debió tener noticia del cierre 12  horas antes para poder prepararlo.
• El presidente del Gobierno canceló su asistencia a la Cumbre Iberoamericana dos días antes de aquello que luego se ofreció como un trance imprevisto.
• El proceso de militarización no fue una operación relámpago. La entonces ministra de Defensa, Sra. Chacón, declaró la víspera que el ejército del Aire se hallaba en situación de prealerta. Bastante antes de que pasara nada.
• El Real Decreto 1001 y las “disposiciones adicionales” que provocaron el supuesto estallido, no pudieron redactarse en un par de horas; pues su complejidad y extensión requerían varios días de elaborada burocracia.
• Se trató de obtener una excusa para suspender los derechos de los trabajadores que, por una desastrosa gestión administrativa, habían alcanzado el tope de actividad anual, marcada por ley, y era imposible cubrir el servicio de control  por falta de personal.

Contaban con que las salvajes “disposiciones adicionales”, publicadas el mismo 3 de diciembre, provocasen la suficiente indignación y estrés máximo para que los afecta-dos se vinieran abajo y no tuvieran más remedio que abandonar las consolas. No salió bien, porque la profesionalidad y calidad humana los mantuvo firmes. Nadie abandonó; como se ha demostrado con el archivo generalizado de las causas presentadas. Al parecer, fue entonces cuando irrumpieron los “comisarios políticos” de AENA para expulsarlos por la fuerza, echar el cerrojo y simular que habían abandonado el servicio.

Una vez declarada judicialmente la inocencia de los controladores, ¿quién cerró el espacio aéreo e incurrió en el presunto delito que justificase el estado de alarma?

Por cierto. El proyectil más peligroso de la maquiavélica operación oficial se disparó contra la línea de flotación de la seguridad aérea, cuyo único responsable en época de paz es el ministro de Fomento. Es obvio que esta especifidad profesional de alto rango  requiere, sin ambages, equilibrio psíquico, estabilidad emocional y máxima capacidad de concentración en un ejercicio de precisión que no admite defectos. El exceso de perturbaciones colaterales puede añadir un nocivo riesgo potencial. Aquí se demostró que la calidad profesional contrarrestó las vejaciones y el maltrato laboral. Aunque no pasaría nada… pues en caso de catástrofe, el muerto siempre es el único culpable…

Fuente: Artículo original en Eldiario.es