Hachazo de 850 millones en los ingresos de Aena por el recorte de las tasas en un 2,2%

Aena ha encajado con ánimo deportivo, como no podía ser de otra manera, el anuncio de Mariano Rajoy sobre la próxima bajada de las tarifas aéreas en un 2,2% durante los próximos cinco años. Al cambio, una reducción del 11% de los ingresos regulados en el periodo comprendido entre 2017 y el año 2021, que supondrá un agujero en la facturación de la compañía de 850 millones de euros a lo largo de este próximo quinquenio. Todo ello en el supuesto de que los extraordinarios niveles de tráfico se mantengan estables, porque si el Brexit o alguna otra circunstancia adversa entran en juego, la empresa que gestiona los aeropuertos tendrá que reajustar aún más a la baja su volumen de negocio.

La sociedad cotizada que preside José Manuel Vargas no ha podido sacudirse la condición de empresa pública y deberá asumir la rebaja de Rajoy como un reto derivado de una política social que trata de trasladar al ciudadano las rentas de la empresa que gestiona la red pública de aeropuertos. Aena verá reducida la facturación ordinaria, pero ello no supondrá una rebaja en paralelo de las inversiones propuestas inicialmente por el gestor público, que alcanzarán un total de 2.185 millones de euros en las actividades reguladas, lo que supone una media por año de 437 millones de euros.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene listas desde hace unos días las líneas maestras del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que marcará el desarrollo estratégico y operativo de Aena durante los próximos cinco años. El Gobierno considera que a pesar de la reducción de ingresos por tarifas, Aena dispone de margen suficiente para garantizar los compromisos propuestos en el plan de actuación presentado a la CNMC hace un año. El argumento del Ministerio de Fomento se refuerza con las tesis del regulador, que había previsto la disminución de las tarifas sobre la base de un crecimiento del tráfico de pasajeros del 8% en 2016. La sociedad cotizada, en la que el Estado mantiene el 51%, ha experimentado una mejora del 11%, superando la cifra de 230 millones de pasajeros en la red nacional, lo que supone anticipar las previsiones en tres años.

El Ministerio de Fomento llevará a cabo una actualización de los planes operativos de Aena, que se verá ‘condenada’ a bajar las tarifas como consecuencia de su propio éxito comercial y su capacidad para asegurar una gestión eficiente. Es el riesgo que tiene depender del Estado y ganarse la confianza de los inversores con una salida a bolsaque hizo de oro a determinados accionistas privados y determinados fondos internacionales de inversión, generando no pocos remordimientos de conciencia entre los responsables políticos que propiciaron la colocación pública de las acciones en los mercados.

El nivel de capitalización de la empresa dobla con creces a día de hoy el precio de la OPV llevada a cabo en febrero de 2015, y el Gobierno quiere ahora desquitarse de esta pasada de frenada trasladando las futuras rentas de la compañía a los ciudadanos, vía tarifas aéreas. Para ello, es necesario que se cumpla también una condición realmente indispensable como es que las aerolíneas repercutan al precio de los billetes de avión parte del beneficio que ahora va a suponer en sus cuentas de resultados la rebaja de la factura de Aena durante los próximos cinco años.

El Gobierno quiere trasladar las rentas de Aena a los pasajeros, para lo cual necesita que las aerolíneas trasladen a los billetes de avión el recorte de tasas

A lo largo de este periodo, la compañía estatal se compromete a dar más por menos, abordando un programa creciente de inversiones en los aeropuertos que parte de un importe de 355 millones en 2017 y aumenta hasta los 365 millones en 2018, 420 en 2019 y 506 millones en 2020. En el último año del DORA, que es 2021, las inversiones se estabilizan en una cifra también superior a los 500 millones de euros. A todo ello hay que añadir otros cerca de 500 millones distribuidos a lo largo del periodo en las actividades no reguladas de carácter comercial que también realiza Aena.

El marco regulatorio de los aeropuertos españoles ha sido sometido a consulta de todas las comunidades autónomas en un largo proceso de debate culminado hace una semana. El Consejo de Ministros aprobará este mismo viernes el DORA, con el fin de que las nuevas tarifas aeroportuarias puedan entrar en vigor dentro de la fecha legalmente establecida, que es el 1 de marzo. Rajoy ha señalado que el recorte impuesto a Aena se orienta con el propósito de mejorar la competitividad de los aeropuertos y favorecer el sector turístico, pero además de esta justificación de andar por casa, el Gobierno se ha visto también influenciado por sus compromisos con la Comisión Europea.

Las autoridades comunitarias defienden que las tasas que cobran los aeropuertos de la red pública sean determinadas por una autoridad de regulación independiente, que en el caso de España es la CNMC. De hecho, eso es lo que ocurrió en 2016, cuando se fijó la base preliminar sobre la que se cimentaba el DORA a cinco años. Sin embargo, en la definición de este nuevo escenario a medio y largo plazo, el Ministerio de Fomento se atribuyó la decisión tarifaria, trasladando la potestad regulatoria a la Dirección General de Aviación Civil y dejando a la CNMC en un papel secundario que se reducía a la elaboración de un informe preceptivo pero no vinculante.

La CNMC ha reclamado al Gobierno la plena potestad regulatoria sobre Aena, que ahora ejerce Fomento a través de la Dirección de Aviación Civil

La entidad que preside José María Marín Quemada elevó su propuesta al Gobierno al mismo tiempo que mostraba sus quejas por la pérdida de una competencia funcional que ahora el nuevo ministro de Fomento va a restaurar en la práctica a la CNMC. Íñigo de la Serna no quiere complicarse la vida en su recién estrenada responsabilidad política, y ha considerado que el dictamen de la CNMC es el mejor argumento para saldar las tensiones con las asociaciones empresariales de las compañías aéreas, que vienen porfiando desde hace tiempo por una bajada mínima de las tasas del 2,6% anual.

En definitiva, y teniendo en cuenta que son cinco años los que están en juego, Aena tendrá que ajustar sus ingresos tarifarios entre 2017 y 2021 en un 11%, frente al 13% que piden las aerolíneas. La CNMC se saldrá de nuevo con la suya, como ya ocurrió hace un año, cuando las tasas aeroportuarias se recortaron un 1,9% para 2016. Lo que está por ver es si la decisión oficial del Consejo de Ministros otorga verdadera carta de naturaleza al organismo de regulación de los mercados como tutor de Aena o supone simplemente un gesto puntual del nuevo titular de Fomento para evitar un conflicto con el sector y un enfrentamiento con Bruselas.

Fuente: Artículo original en EL CONFIDENCIAL