La colocación, o no, del paquete de Aena en manos del Estado promete ocupar buena parte del debate parlamentario, en lo que toca al Ministerio de Fomento, en la presente legislatura. Este movimiento, defendido abiertamente por el presidente de la compañía, José Manuel Vargas, y por los accionistas privados de la misma, requiere la modificación del Real Decreto-Ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, que permitió la colocación de Aena en Bolsa con límite en el 49%. Pero los grupos en la oposición no están por la labor de allanar el camino a los fondos de inversión pese a los globos sonda lanzados por el Ministerio de Fomento y los esfuerzos de algunos partícipes.

El ministro Íñigo de la Serna se ha expresado con ambigüedad al afirmar que una segunda y definitiva fase en la privatización es un asunto a estudiar aunque, a renglón seguido, añade que el asunto no estará sobre la mesa en el corto plazo. Fomento deja la puerta abierta y el fondo TCI, primer accionista privado de Aena con el 11%, ha hecho labor de zapa. Fuentes de toda solvencia aseguran que se ha dirigido a PSOE y Ciudadanos para presentar argumentos a favor de la definitiva venta de Aena. La respuesta, en ambos casos, ha sido que no se cambiará la postura de oposición a la pérdida del control accionarial por parte del Estado.

Entre los argumentos expuestos por este y otros fondos partícipes de la mayor compañía de aeropuertos del mundo, figura que el Gobierno podría hacer caja para reducir deuda y, por tanto, el déficit de caja. Pero en términos de contabilidad nacional, Bruselas no permitiría computar esos ingresos extraordinarios como reducción de déficit público.

Otra gran razón que han expuesto los inversores privados para defender que Aena deje de ser una empresa pública es la falta de competitividad fuera de España, así como la escasa agilidad para la toma de decisiones al estar sometida a la normativa reguladora del sector público, prevalente ante el Derecho Privado.

La última cuestión que sacan a colación quienes defienden el salto de inversores por encima del 51% de Aena es la dificultad para atraer y retener talento en la compañía al estar constreñidos los salarios por las limitaciones en la remuneración de cualquier empresa del Estado.

Fuentes del PSOE consultadas por este periódico han asegurado que su postura contra la venta de Aena “es la misma en público que en privado”. El grupo socialista en el Congreso viene defendiendo que “la pérdida del control de Aena pondría en riesgo el sistema de equilibrio de la red de aeropuertos, por el que unos soportan la viabilidad de otros para garantizar la conectividad de los territorios”. De hecho, el PSOE critica el modo, y precio, en que se vendió el 49% del capital en Bolsa en febrero de 2015: “Fue un auténtico pelotazo para los fondos”, aseguran.

Ciudadanos, por su parte, ha mantenido ya en la cámara baja que “no es buena idea privatizar una pieza clave del turismo, motor del PIB como es Aena”.