El ex-ministro José Blanco adjudicó tres torres de control en Canarias a un detenido por corrupción

Ildefonso de Miguel. Ese es el nombre de uno de los detenidos por la Guardia Civil en relación con la corrupción en el Canal Isabel II durante la etapa de Ignacio González en la Comunidad de Madrid, de quien fue su mano derecha. Fue Director Gerente del Canal hasta 2009.

Se da la circunstancia de que Ildefonso de Miguel es el dueño de SAERCO, la empresa privada de control aéreo a la que el tristemente recordado ministro José Blanco adjudicó las torres de control canarias privatizadas: Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

El entramado societario de Ildefonso de Miguel es curioso: en la sede de SAERCO, un chalet en la madrileña calle Burgohondo, conviven otras dos sociedades del mismo propietario, Safeviews y Opensport.es. Esa sede es la que la Guardia Civil registró a principios de semana para investigar posibles vinculaciones entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.

SAERCO, una adjudicación sospechosa

Para entender la estupefacción del sector aeronáutico tras la noticia de que el ministro Blanco había otorgado la concesión de las tres torres de control canarias privatizadas a esta empresa, hay que echar un vistazo a su historia:

Aena anunció el 17 de enero de 2011 el inicio del concurso para la liberalización del servicio de control de torre en trece aeropuertos. En su convocatoria exigía a las empresas licitantes la acreditación antes del 17 de marzo de su solvencia técnica y económica.

Para la primera ofrecía dos alternativas: que la empresa concursante demostrara experiencia como proveedor de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo y la segunda que disponga de personal de control con su licencia en vigor. “En el primer caso, las empresas deberán cumplir tres requisitos: disponer en los últimos 5 años de al menos 4 años de experiencia como proveedor de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo; acreditar un número establecido de vuelos controlados en 2010 y haber prestado en 2010 servicio en un número determinado de aeropuertos con una capacidad establecida en el documento.

En el segundo caso, las empresas deberían disponer de al menos cinco controladores con licencia en vigor para cada una de las dependencias con horario operativo de hasta 18 horas para varios aeropuertos, entre ellos los de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

SAERCO se creó específicamente para este concurso, por lo que obviamente no reunía ninguno de estos requisitos, por lo que se unieron al proveedor de servicios de Navegación Aérea checo y… coló. Aunque ningún controlador aéreo checo controlaría un solo avión en España, la AESA, por entonces más politizada que nunca, dio por buena la propuesta, y finalmente el ministro de Fomento le adjudicó las tres torres canarias en licitación.

Es decir, se adjudicó el servicio de control en tres aeropuertos canarios a una empresa creada a toda prisa dos meses después de iniciarse el proceso de licitación, sin experiencia alguna en el sector, y dirigida por un empresario íntimamente vinculado al PP de Madrid y con un historial ya por entonces polémico. Sólo hay que recordar que Ildefonso de Miguel acompañó a Ignacio González a su viaje a Cartegena de Indias en el que presuntamente se les grabó con bolsas llenas de dinero. Ellos declararon que lo que había en las bosas eran toallas.

Y cuando llegó el momento de renovar (o no) dichas licitaciones, el Ministerio de Fomento, esta vez a cargo de Ana Pastor (PP), no tuvo muchos escrúpulos en firmar cinco años más de pingües beneficios para el amigo Ildefonso a costa del erario público.

Para más inri, a SAERCO se le adjudicó también la gestión del control aéreo en el aeropuerto de Castellón, de cuya empresa pública AEROCAS, impulsada por el procesado y condenado Carlos Fabra, lleva cobrado más de un millón de euros.

Una empresa nada modélica

Y es que además, la política de gestión de Recursos humanos en SAERCO está basada en la coacción, la amenaza, las presiones y, finalmente las acciones disciplinarias.

El caso de dos controladores aéreos despedidos por cumplir la Normativa vigente en la torre de Fuerteventura es el mejor ejemplo de ello, aparte del hecho de que ambos estuvieran afiliados al sindicato de controladores USCA, al que la empresa ha intentado vetar mediante amenazas constantes a los trabajadores.

Todo esto, por supuesto, bajo la anuencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que sigue dejando que controladores aéreos plenamente operativos, tengan que simultanear durante la misma jornada laboral, el trabajo operativo (controlar aviones) con tareas administrativas, en una política de seguridad aérea única en el mundo y que probablemente en unos años, como los incidentes sigan incrementándose por esta causa, se enseñe en las escuelas de control como lo que nunca hay que hacer.

José Blanco y la corrupción

No es la primera vez que vemos al ex-ministro de Fomento cerca de focos presuntamente corruptos. El cierre en falso del caso «Campeón» en el que estuvo implicado como principal investigado no parece que le hiciera pensarse dos veces dejar en tan «buenas» manos la seguridad de los pasajeros que pasan por los tres aeropuertos canarios.

Dado el historial de ambos personajes, y su hasta ahora sensación de impunidad con todas las actuaciones presuntamente corruptas realizadas por ambos, cabe preguntarse si no hay ahí algo más que rascar, si debajo de la alfombra del despacho del Ministro de Fomento no habrá montañas de intereses inconfesables y beneficios ocultos que acabarán pagando, de una forma u otra, los pasajeros que pueblan nuestros cielos.